¿Cómo impacta en el sistema financiero y la inversión la salida de Panamá de la lista gris de la Unión Europea?

Nota por Ingrid Rojas – Entrevista a Luis Chalhoub para LexLatin

En un entorno donde la delincuencia financiera evoluciona constantemente, el país debe mantener una vigilancia activa, mantener actualizados sus marcos normativos y reforzar la cultura de cumplimiento, de acuerdo con Luis Chalhoub, socio de Icaza, González – Ruiz & Alemán.

Recientemente, Panamá salió de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea, a la que ingresó en 2020 ante las deficiencias estratégicas que presentaba su régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El anuncio fue hecho el 9 de julio con la aprobación del Acto Delegado C (2025) 3815, con el que el Parlamento Europeo modificó el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que, el 14 de julio de 2016, dio origen a la lista de la UE tomando como referencia las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

«Esta decisión refleja la confianza de la comunidad internacional en las reformas implementadas y en la capacidad de Panamá para garantizar la transparencia y la cooperación efectiva», dijo el Ministerio de Economía y Finanzas.

Unas 30 naciones siguen siendo parte de la lista de terceros países que representan un alto riesgo para el sistema financiero de la Unión Europea en función de una metodología desarrollada en 2020. Cada cierto tiempo la lista se actualiza, salen unos países y entran otros, y el 5 de agosto de este año fueron incluidos a Angola, Argelia, Costa de Marfil, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. 

Los pasos dados ante el rezago

En 2023, y después de cuatro años, el país del istmo también celebró su salida de otra lista, la del GAFI, cuyas recomendaciones también son consideradas por la Unión Europea, que es parte de esa organización.

Las recomendaciones y estándares internacionales del GAFI están dirigidos a promover que se haga buen uso del sistema financiero global, por lo que los países deben implementarlas como políticas y acciones ejecutables, explica Luis Chalhoub, socio de Icaza, González – Ruiz & Alemán. 

Periódicamente, el organismo, creado en 1989, realiza revisiones para determinar si los países están cumpliendo con esas recomendaciones y, para 2020, Panamá estaba “un poco rezagada”. 

Chalhoub agrega que, de las recomendaciones que hace la GAFI a los países, unas 40 en total, quizás la más destacadas eran, en el caso del país centroamericano, la actualización del marco legislativo, la identificación de los beneficiarios finales, la efectividad de las medidas para el congelamiento de activos y la cooperación internacional.

Calcula que a Panamá le tomó más de dos años para completar todo el proceso de actualización y, después de esto, tuvo que esperar a que se hicieran las revisiones, las inspecciones y se emitieran los informes, para salir de la lista del GAFI.

• LexLatin: En relación con la salida del país de la lista gris de la UE, ¿qué avances ha habido en materia regulatoria?

Luis Chalhoub: En Panamá, el sector financiero está regulado por diferentes entes regulatorios. El sector bancario tiene su ente regulatorio, la Superintendencia de Bancos. El mercado de valores también tiene su ente regulatorio, que es la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Y el sector seguros cuenta con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

Quedaban por fuera algunas actividades que no eran objeto de regulación directa por parte de estos tres entes reguladores y se creó una Superintendencia de sujetos no financieros para recoger ahí ciertas otras actividades que no estaban sujetas a un regulador específico, pero que podían representar algún riesgo de mal uso del sistema financiero para efectos de blanqueo. Los cambios en materia regulatoria se traslucen a lo largo de las regulaciones individuales de cada uno de estos sectores. El sector bancario tuvo que adaptar o actualizar sus regulaciones, lo mismo que el mercado de valores y el sector seguros.

De acuerdo con el socio de Icaza, las carencias relacionadas con la cooperación internacional se referían a que no se diligenciaban, con suficiente prontitud, los requisitos del intercambio de información. Sin embargo, destaca que se hicieron los correctivos, se contrató personal adicional para poder atender ese asunto, además de que se adoptó el sistema de riesgos y se establecieron los manuales de cumplimiento.

“Se detallaron con mayor precisión, las medidas necesarias para conocer al cliente con mayor precisión y todas las reporterías que se tienen que hacer”, señala.

• Mientras tanto, ¿cómo sorteó el país las consecuencias de estar en esta lista?

LCh.: Estar en las listas causa problemas. Yo diría que, fundamentalmente, se podría resumir de dos maneras. El efecto de estar en una lista de estas, en el peor de los casos, es la imposibilidad de realizar transacciones a nivel internacional y, en el mejor de los casos, ralentiza la realización de transacciones a nivel internacional que tienen que ver con el mundo comercial y con el mundo financiero. Como todos los países están sometidos al mismo estándar y a todos se les exige que conozcan a sus clientes y que evalúen los riesgos de lidiar con una persona que tenga determinadas características, más medidas de seguridad hay que tomar o más investigaciones hay que realizar. El solo hecho de que Panamá o cualquier país, esté en una lista gris obliga a cualquier contraparte, en cualquier transacción, a tomar medidas adicionales con respecto a las empresas que estén domiciliadas en el país al momento de realizar transacciones o hacer negocios. Impone una carga tanto a la contraparte como a la empresa en Panamá a la que se le va a estar requiriendo más información y más explicaciones de las que normalmente se estaría pidiendo.