Normativas COVID-19: Ley 156 del 30 de junio de 2020

Que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá

 

Artículo 1. Los beneficios establecidos en la presente Ley solo serán aplicables a las personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo.

Las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial no podrán acogerse a la presente Ley.

 

Artículo 2. Se establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre de 2020, para las personas naturales y jurídicas afectadas económicamente debido al estado de emergencia nacional con motivo del COVID-19. Esta moratoria también es extensiva a los préstamos otorgados por cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas:

  1. Préstamos hipotecarios residenciales
  2. Préstamos personales
  3. Préstamos de auto
  4. Tarjetas de crédito
  5. Préstamos a la pequeña y mediana empresa
  6. Préstamos comerciales
  7. Préstamos al sector transporte
  8. Préstamos al sector agropecuario
  9. Créditos de consumo

Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de los compromisos señalados, la presentación de declaración jurada en papel simple o ante notario público, para las personas naturales, jurídicas e independientes en la que hagan constar la afectación de sus ingresos, o carta de despido, suspensión de contrato de trabajo o disminución de la jornada de trabajo, para los empleados del sector público o privado.

 

Artículo 3. Una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente Ley, los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda retomar, a través de refinanciamiento o prorrateo de compromisos, sin que ello conlleve el cobro de recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos. ni afectación en su referencia de crédito.

 

Artículo 4. El monto del bono solidario que recibirán los trabajadores formales a los cuales se les ha suspendido provisionalmente su contrato laboral o han sido cesados de su relación formal, o los trabajadores informales que se han visto afectados por la crisis causada por la pandemia del COVID-19, será determinado por el Órgano Ejecutivo.

 

Artículo 5. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá adoptar medidas con los prestadores de servicios públicos para que a las radioemisoras nacionales, dentro de la declaratoria de la emergencia sanitaria nacional, en cumplimiento de su función social de informar a la poblaci6n, se les pueda otorgar una moratoria del pago por noventa días prorrogables.

Una vez levantada la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, los pagos suspendidos a las radioemisoras serán diluidos en el término de dos años.

Las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán cobrar cargos adicionales a las radioemisoras nacionales, ni cortar el servicio que les prestan, por la deuda que se declare en mora.

 

Artículo 6. Las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros, aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos incluidos en el artículo 2, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020. La Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e Industrias y demás autoridades competentes estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento y aplicarán las sanciones establecidas.

Esto aplicará a todos los trabajadores a quienes se les haya reducido su jornada laboral con disminución de su salario, suspendido o cesado su contrato laboral, así como a las personas naturales, jurídicas o independientes que hayan reducido o cerrado operaciones, producto de la pandemia del COVID-19.

 

Artículo 7. Durante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y hasta sesenta días después de que esta se levante, no se verán afectados los historiales de crédito de las personas, las cuales están registrados por la Asociación Panameña de Crédito.

 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentara esta Ley.

 

Artículo 9. La presente Ley es de orden público y de interés social, y tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de marzo de 2020.

 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

 

Para consultas sobre estas medidas económicas, contáctenos a igranet@icazalaw.com.

 

Vea el listado completo de Normativas COVID-19 establecidas por el Gobierno de Panamá en el siguiente enlace: Normativas COVID-19.

Descargar la Ley 156

Webinar: Derecho Laboral vs COVID-19

Derecho Laboral vs COVID-19: Firmas de Abogados ante la Nueva Normalidad
Desde que el Gobierno de Panamá declaró Estado de Emergencia Nacional para evitar la propagación del COVID-19, el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, emitió una serie de Decretos Ejecutivos que a su vez derivaron en decisiones de índole laboral.
 
Las medidas sanitarias promulgadas mediante Decretos Ejecutivos causaron la restricción a la movilidad y cierre de todas las actividades comerciales con algunas excepciones, lo cual generó un impacto directo en la operación de las empresas y en las relaciones laborales. Debido a esto, el gobierno comenzó a promulgar una serie de Decretos Ejecutivos a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para brindar flexibilidad a los empleadores con la intención de mantener las empresas a flote, pero sobre todo evitar terminaciones laborales colectivas. 
 
Durante este conversatorio virtual, se describe cómo la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha incidido en las relaciones de trabajo en Panamá y cómo se visualiza la prestación de servicios jurídicos en el futuro. 
 
Los temas tratados son los siguientes:
  • Medidas sanitarias con impacto laboral directo
  • Medidas laborales adoptadas
  • El dilema de los empleadores con respecto a los descuentos de salario
  • De la controversia en torno al cálculo y pago del décimo tercer mes
  • Perspectiva laboral para después del “Día D
  • La prestación de servicios jurídicos: perspectiva de cara al futuro
Presentado por: 
Javier José Vallarino
Socio – Especialista en Derecho Laboral

 

Fecha: 13 de junio de 2020

Organizado por: La Comisión de enlace con firmas de abogados de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua.

 

Visualiza la grabación a continuación:

Normativas COVID-19: Decreto Ejecutivo No. 298 del 27 de mayo de 2020

Que modifica y adiciona disposiciones al Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, que adopta medidas tributarias para aliviar el impacto económico producto del Estado de Emergencia Nacional.

 

Artículo 1. El artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, queda así:

Artículo 1. Durante el término de vigencia del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno de la República de Panamá, se concede un plazo de 120 días calendario contados a partir de la fecha de promulgación de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020 para el pago de tributos que se causen o deban pagarse durante dicho período y que sean de competencia de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, sin que ello conlleve a la generación y pago de intereses, recargos y multas.

Dentro del concepto de tributos sujetos a los beneficios antes mencionados, quedan incluidos los impuestos nacionales directos e indirectos, las tasas, las contribuciones especiales y cualesquiera otras deudas de dinero, líquidas y exigibles, que en cualquier concepto una persona natural o jurídica, así como los bienes inmuebles deban pagar ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, con excepción de aquellos cuya obligación nace de la calidad de agentes de retención, los cuales se detallan a continuación:
1. Impuesto Sobre la Renta retenido a empleados
2. Impuesto Sobre la Renta retenido a no residentes
3. I.T.B.M.S. retenido a no residentes
4. l.T.B.M.S. retenido por el Estado
5. l.T.B.M.S. retenido por agentes de retención locales
6. Impuesto de dividendos

 

Artículo 2. Se adiciona el articulo 1-A (transitorio) al Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, así:

Artículo 1-A (transitorio). Se concede un plazo hasta el 17 de julio de 2020, para el pago del Impuesto de Inmueble que retengan los bancos correspondientes al primer cuatrimestre del periodo fiscal 2020.

 

Artículo 3. El artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, queda así:

Artículo 2. Se otorga un plazo definitivo para la presentación de las declaraciones juradas de rentas correspondientes al período fiscal 2019 de las personas naturales o jurídicas hasta el 17 de julio de 2020. La extensión del plazo de un mes, para presentar la declaración jurada de rentas establecida en el Parágrafo 5 del artículo 710 del Código Fiscal queda sin efecto por motivo de la extensión que se otorga en el presente artículo, como medida eventual, atendiendo la situación de Emergencia Nacional declarada.

Se autoriza a la presentación de todos los documentos originales y/o copias autenticadas como demás documentos que sirvan como pruebas o requisitos para trámites y solicitudes ante la Dirección General de Ingresos puedan ser presentados vía electrónica mediante los procedimientos que para este caso se establezcan por esta entidad.

Para efectos de lo que establece el artículo 133-E del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, las solicitudes de no aplicación del numeral 2 del párrafo sexto del artículo 699 del Código Fiscal podrán presentar todos los documentos vía electrónica de acuerdo con el proceso establecido en el párrafo anterior.

Se extiende el plazo hasta el 30 de septiembre de 2020 para la presentación del Informe de Precio de Transferencia con respecto a las operaciones realizadas con partes relacionadas durante el período fiscal 2019, para aquellos contribuyentes que tengan periodos fiscales regulares.

 

Artículo 4. Se adiciona el articulo 3-A (transitorio) al Decreto Ejecutivo No. 251 de 24 de marzo de 2020, así:

Articulo 3-A (transitorio). Los contribuyentes que hayan presentado sus declaraciones juradas de rentas correspondientes al período fiscal 2019 y quieran acogerse al beneficio establecido en el artículo 3 del presente decreto, con respecto al impuesto estimado, podrán presentar una declaración rectificativa hasta el 17 de julio de 2020, sin costo alguno y sin perder la posibilidad de rectificar o ampliar la declaración jurada de rentas en los términos dispuestos en el parágrafo 4 del artículo 710 del Código Fiscal.

 

Artículo 5. Este Decreto Ejecutivo modifica los artículos 1 y 2 y adiciona los artículos 1-A (transitorio) y 3-A (transitorio) al Decreto Ejecutivo No.251 de 24 de marzo de 2020.

 

Encuentre el texto completo del Decreto Ejecutivo aqui.

 

Vea el listado completo de Normativas COVID-19 establecidas por el Gobierno de Panamá en el siguiente enlace:Normativas COVID-19.

 

Para consultas sobre estas medidas tributarias, contáctenos a igranet@icazalaw.com.

Le contrat déchiré

La Fuerza Mayor: Un Caso Hipotético

Por Carlos E. Villalobos Jaén – Asociado

 

El concepto de “fuerza mayor” ha adquirido en estos tiempos de “COVID” cierta relevancia, viéndonos obligados a analizar, a propósito de la efectividad y ejecutabilidad de las obligaciones, su aplicación con las distintas relaciones contractuales existentes; para determinar de tal forma si ese hecho justifica la irresponsabilidad del deudor en el cumplimiento de la obligación.

 

Todos parecen estar de acuerdo, en que la aplicación de la figura de la “fuerza mayor” como causa adecuada para el incumplimiento de las obligaciones, debe ser contrastada con cada contrato de forma individual, por tener cada uno características distintas; distinciones que pueden guardar relación con las personas, el objeto de la obligación, condiciones y plazo fijados en cada una. Así también, evaluar si existe en los distintos contratos alguna cláusula que contenga la exclusión de la fuerza mayor o caso fortuito, como justificación del incumplimiento de la obligación.

 

Hacer un esfuerzo en abstracciones es difícil, hay que tratar de ser lo más pragmático posible, y hacer el contraste especifico con cada contrato, para poder anticipar posiciones respecto de cada cual.

 

Pongamos un ejemplo, los contratos de trabajo que han sido suspendidos.  Dichos contratos, entiendo, fueron suspendidos utilizando como causa adecuada la “fuerza mayor”, hecho provocado por una disposición gubernamental (Decreto Ejecutivo N° 500 del 19 de marzo de 2020) que ordenó el cierre de algunas empresas.   En estos casos para el empresario, constituye un hecho de fuerza mayor la orden de la autoridad, tal como lo prevé el artículo 34-D del Código Civil, siendo un hecho irresistible, tiene aplicación lo dispuesto en el ordinal 8 artículo 199 del Código de Trabajo, que es la suspensión de los contratos de trabajo.  Para efectos de este opúsculo, damos por entendido, que se ha dado cumplimiento con lo previsto en los artículos 198 a 208 del Código de Trabajo para la suspensión.

 

Bueno, en lo laboral el hecho objetivo de “fuerza Mayor” aplica tanto para el empleador como para el empleado; para el trabajador quedar eximido de prestar el servicio convenido y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, como prevé el artículo 208 del Código de Trabajo.

 

Ahora, ¿qué ocurre con el empleador, que es el establecimiento comercial y empresa (persona jurídica o natural) cuyo cierre fue ordenado, respecto de sus obligaciones civiles y comerciales? ¿Sirve el mismo hecho de fuerza mayor, que sirvió para suspender los contratos laborales, para justificar su incumplimiento de las obligaciones civiles y comerciales?.  Y para el trabajador, ¿sirve “la Fuerza mayor” que logro suspenderle el contrato de trabajo, para eximirse del pago de sus obligaciones comerciales y civiles?

 

Para la cuestión laboral, la fuerza mayor opera como un hecho objetivo aplicable a todos los casos, siempre sujeto a la normativa del Código de Trabajo.

 

En el caso de las obligaciones civiles y comerciales, estamos en el terreno de lo subjetivo, en tanto que el hecho de fuerza mayor o caso fortuito, debe ser contrastado con cada contrato, verificando, lo relativo al objeto, condiciones y plazos convenidos.

 

Así, por ejemplo,  valdría examinar aquellas obligaciones de tracto único y las de tracto sucesivo.  Las primeras constan en un solo acto, por ejemplo la compra venta. Yo te vendo un lápiz y tú me pagas el lápiz. Algunas preguntas surgen respecto de este tipo de obligaciones, a propósito de la alegación de fuerza mayor como eximente de responsabilidad:

  1. Si la obligación se dispuso cumplirla el día tal, ya estando afectados por el acto de fuerza mayor provocado por el COVID, ¿en cuánto afectó el estado de fuerza mayor, el cumplimiento de la obligación para el día designado?
  2. Si era relevante cumplir con la obligación para el día designado.
  3. ¿O valdría haberla cumplido posteriormente?

 

Por otro lado, que pasa en las obligaciones de tracto sucesivo, que son aquellas que exigen una actitud continuada del deudor, como por ejemplo en los contratos de préstamo pagaderos a plazo.    En dichos contratos el deudor asume la responsabilidad de  pagar una obligación en un plazo acordado, haciendo abonos mensuales según lo convenido.  A propósito de la incidencia de la fuerza mayor en este tipo de obligaciones, vale considerar:

  1. ¿El evento de fuerza mayor afectó el cumplimento de la totalidad de la obligación o simplemente produjo el retraso en los abonos a la obligación según fueron pactados en él contrato?
  2. Ese mismo evento de fuerza mayor que otorga al deudor la posibilidad de haberse retrasado, es el mismo que sirve para no hacer exigible la obligación anticipadamente, por la falta de abono oportuno.
  3. Una vez levantado el estado de fuerza mayor, los efectos y ejecución de la obligación, en los términos que fue convenida quedan activados. Vuelve el deudor a responder con su patrimonio presente y futuro como lo prevé el artículo 1653 del Código Civil.

 

¿Qué pasa en el caso de que esta pausa económica, provocada por la “fuerza mayor”, haya producido la ruina de la empresa, tanto que no puedan hacerle frente a sus obligaciones?  ¿Valdrá, la excepción de fuerza mayor para eximirse del pago de sus obligaciones convenidas a plazo y con término definido para su pago total?

 

La condición ruinosa de la empresa debe probarse, no es simplemente decir que la empresa fue afectada por la fuerza mayor, y que el cierre ha provocado el que no pueda pagar o cumplir sus obligaciones.  El examen, caso por caso, será revisar los haberes del deudor, para luego determinar si puede o no responder con sus bienes presentes y futuros, según lo previsto en el artículo 1653 del Código Civil, respecto al pago de sus obligaciones.

 

Respecto al equilibrio contractual, y su afectación por el estado de fuerza mayor, sugiere avocarnos a la teoría de la imprevisión, o lo atinente al principio “Rebus sic stantibus”, en cuanto a la posibilidad de modificar algunas cláusulas con el fin de volver al balance prestacional perdido, matizando así, de alguna forma, el principio de Pacta sunt servanda (lo pactado obliga).

 

Es altamente sugerente, que deudor y acreedor en el contexto de sus específicos contratos, propendan a llegar a entendimientos buscando el equilibrio contractual que se haya perdido, por razón de la “fuerza mayor” provocada por el COVID, enfatizando el principio de buena fe contractual que debe regir todo tipo de contrato u obligación.  De otro modo, la saturación de demandas en los Tribunales trastocará el sistema judicial que, antes del COVID, ya estaba malogrado.

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Comercio Electrónico desde la Perspectiva Legal

Astrid A. Abrego GonzálezPor Astrid A. Ábrego G. – Asociada

 

Las prácticas comerciales son reguladas desde la Antigua Roma, donde la permuta tomó el primer lugar en importancia como la primera forma de contratación, para obtener bienes de las que una persona carecía, antes de la aparición de la moneda. El contrato de permuta o trueque era un contrato innominado, o sea, no identificado con una denominación específica. Contenía dos prestaciones recíprocas de dar. Es decir, entregar sendos bienes en propiedad, de una persona a otra.

 

Copiando exactamente el modelo de la permuta, tenemos el actual comercio electrónico, el cual, comúnmente es el intercambio de un objeto o cosa u ofrecer un servicio en el cual está interesado un individuo o empresa a cambio de un pago electrónico.

 

Quebrantando distancias cortas e inclusive fronteras, el Comercio Electrónico llegó para quedarse, desde el auge del uso del Internet individual en la década de los 80’s y las aplicaciones en las computadoras y teléfonos móviles, facilitando en gran manera e innovando la antigua forma de comprar, vender u ofrecer algún servicio u cosa.

 

La República de Panamá, oficialmente en el año 2008, a través de la Ley 51 de 22 de julio de 2008, inició la regulación algunos aspectos referentes al comercio electrónico y dicta otras disposiciones sobre la materia. Se inicia así un marco jurídico que crea una seguridad colectiva a los usuarios de este tipo de modalidad comercial.  La Ley 51 de 22 de julio de 2008 define Comercio Electrónico como “Toda forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando Internet, en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo”.

 

Es importante destacar que el comercio electrónico, a partir de la situación mundial que ha generado el COVID-19, el cual se transmite a través del contacto físico directo en nariz, boca y ojos con las partículas virales, tomará sin lugar a duda, una de las primeras posiciones tanto en nuestro país como a nivel mundial. Esto será para comprar y vender u ofrecer algún servicio y evitar así, el contacto físico y mantener el distanciamiento social que actualmente sugiere la Organización Mundial de la Salud.

 

La Dirección General de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industrias es la encargada de regular, a través de reglamentos técnicos, las condiciones técnicas mínimas que deberán cumplir personas, naturales o jurídicas, que utilicen el Internet como medio para realizar actividades comerciales.

 

Con respecto a la territorialidad, que es un tema que a muchos les preocupa a la hora de comprar, vender u ofrecer algo, pues no saben a qué normativas están sujetos debido a que la comercialización o transacción puede ser local o internacional, el artículo 77 de la citada Ley 51  de 2008, establece que “una empresa que realiza ventas de bienes o servicios a través de Internet está establecida en el territorio de la República de Panamá, cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio nacional y mantenga efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios y/o cuando la empresa, o alguna de sus sucursales que realice ventas de bienes o servicios en el territorio nacional, haya obtenido, una licencia comercial o industrial o haya realizado el Aviso de Operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias…”

 

En virtud de lo anterior, y como la propia Ley así lo expresa, “las empresas que vendan bienes o servicios en Panamá, a través de Internet, estarán sujetos a las demás disposiciones de la legislación nacional que les sean aplicables en función de la actividad que desarrollen, con independencia de la utilización de medios electrónicos para su realización.”

 

Por otro lado, quien esté interesado en esta modalidad comercial y quien la utilice, debe tomar en cuenta que los prestadores de servicios comerciales a través de Internet, sin excepción, se encuentran sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en la legislación de la República de Panamá, siempre que se cumpla el criterio de territorialidad mencionado en el párrafo anterior.

 

Entre los requisitos básicos que debe cumplir quien desee ejercer comercio electrónico en Panamá tenemos: inscripción de Registro Público en caso de ser persona jurídica; obtención del Aviso de Operación sin importar que tipo de persona es; y colocación en su sitio web, en un lugar de fácil acceso para los usuarios, la siguiente información:

a.  Datos de contacto de la empresa:

  • Nombre comercial de la empresa
  • Dirección física de la oficina principal o residencia habitual
  • Nombre del dominio(s) del sitio web (URL)
  • Dirección física de la oficina principal o residencia habitual
  • Correos electrónicos de contacto para los usuarios/clientes del sitio web
  • Números telefónicos de contacto para los usuarios/clientes del sitio web

b.  Términos y condiciones de uso del sitio web.

c.  Políticas de privacidad del sitio web.

 

Además, debe incluir la aceptación de pagos por Internet, contar con los debidos sistemas de seguridad para la protección de datos personales y sensibles, al igual que evitar el robo de identidad e información.

 

Es imprescindible el cumplimiento de todas las aristas de carácter legal para lleva a cabo la comercialización a través de Internet, conocido como “E-Commerce”.

 

Este artículo es de carácter general, no limitativo y no es una opinión jurídica vinculante, cada caso debe cumplir con requisitos individuales dependiendo de las particularidades de la actividad comercial.

Normativas COVID-19: Disposiciones recientes relacionadas con los contratos de arrendamientos en Panamá

Ayleen QuinteroPor Ayleen Quintero – Asociada

 

(Decreto Ejecutivo No. 145 de 01 de mayo de 2020)

Por motivo del Estado de Emergencia Nacional, se han dictado nuevas disposiciones relacionadas con los contratos de arrendamiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes de la relación.  A continuación, un breve resumen de estas disposiciones.

 

Cánones de arrendamiento

En atención a las nuevas disposiciones, se encuentran congelados, mientras dure el Estado de Emergencia, y hasta dos (2) meses posteriores al levantamiento de dicha medida, los cánones de arrendamientos (arrendamientos para uso habitacional, comercial, industrial, profesional y docente), así como todas las cláusulas contractuales que guarden relación con:

  1. Incrementos por terminación unilateral del contrato.
  2. Penalización por terminación unilateral del contrato.
  3. Intereses por mora.

 

Sobre los conflictos que puedan surgir entre el Arrendador y Arrendatario por motivo de los cánones dejados de pagar

El Arrendador y Arrendatario podrán llegar a un acuerdo mutuo sobre los conflictos que se originen entre éstos por motivo de los cánones dejados de pagar y deberán registrar dicho acuerdo ante la Dirección General de Arrendamientos.    De ser este el caso, estos acuerdos tendrían una vigencia de dos (2) años de vigencia, contados a partir de la fecha en que se registre ante la Dirección General de Arrendamientos y se mantendrá vigente siempre y cuando el Arrendatario no incumpla con lo acordado.

 

Vencimiento y vigencia de los contratos de arrendamiento

Si el contrato de arrendamiento venciere durante el periodo de suspensión de las medidas de lanzamiento y desalojo, la vigencia del mismo se extenderá por el mismo periodo que el Decreto Ejecutivo que ha establecido estas nuevas disposiciones (Decreto Ejecutivo No. 145 de 1 de mayo de 2020), y se mantendrán las demás condiciones contractuales.

 

Actuaciones que darán origen a las respectivas sanciones

  • Que el Arrendatario se niegue a pagar los cánones a pesar de que ya hayan cesado los efectos de la declaratoria de estado de emergencia nacional.
  • Los arrendatarios que no hayan sido afectados en sus ingresos por los efectos por el Estado de Emergencia Nacional y pese a ello no cumplan con el pago de su canon.
  • Los Arrendadores que utilicen mecanismos de presión contra los arrendatarios para que desalojen el inmueble, tales como, la suspensión de suministro de servicios (gas, agua, electricidad, entre otros).

 

Suspensión de los procesos de lanzamiento y desalojo

Se suspenden todos los trámites de los procesos de lanzamiento y desalojo, sin distinción del canon de arrendamiento o de la finalidad del uso del inmueble, sea esta habitacional, comercial, industrial, profesional o docente mientras dure el Estado de Emergencia Nacional.

Normativas COVID-19: Medidas tomadas por la Superintendencia del Mercado de Valores

Magdalena E. Arias P.

Por Magdalena E. Arias P. – Asociada

 

La Superintendencia del Mercado de Valores emitió el Acuerdo No. 03-2020 de 20 de marzo de 2020, el cual establece medidas especiales y temporales para el registro abreviado de las modificaciones de ciertos términos y condiciones de las ofertas públicas de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores (también “SMV”), a saber:

(a) fecha de vencimiento de los valores, fechas y forma de pago de intereses o de capital, (b) tasa de interés,

(c) razones y/o condiciones financieras,

(d) fecha de redención de los valores, forma o causales para solicitar redención de los valores y otros pagos relacionados con la redención, y

(e) plazo para la declaratoria de incumplimiento para la subsanación de hechos que puedan constituir eventos de incumplimiento o causales de vencimiento anticipado (en ningún caso este plazo de subsanación podrá ser mayor a treinta (30) días calendarios).

 

Esta Acuerdo es aplicable a las modificaciones y condiciones de oferta pública de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, de aquellos emisores, que tengan obligaciones de pago que desembolsar o condiciones y/o razones financieras que cumplir desde la entrada en vigencia del Acuerdo (24 de marzo de 2020) hasta el 30 de septiembre de 2020.

 

Los emisores a quienes les aplique lo establecido en el Acuerdo, están exentos de presentar la solicitud formal de registro de modificación estipulada en el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003.

 

Cabe recalcar que el Acuerdo No. 03-2020 no establece medidas especiales o abreviadas para la modificación de términos y condiciones de las ofertas públicas de valores, sino más bien, establece medidas especiales y temporales para el registro ante la SMV de las modificaciones de términos y condiciones de las ofertas públicas de valores arriba señaladas. Esto significa que, igualmente debe cumplirse con el procedimiento de aprobación para la modificación de términos y condiciones de las ofertas públicas de valores establecidas en el respectivo prospecto informativo, valor u otros documentos de la oferta. Cuando los documentos de la oferta pública cuya modificación se pretenda, no contemple porcentaje requerido para la autorización de modificaciones a los términos y condiciones de la emisión, se requerirá el 75% de las aceptaciones de todos los tenedores de dichos valores.

Normativas COVID-19: Medidas tomadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá

Magdalena E. Arias P.Por Magdalena E. Arias P. – Asociada

 

La Superintendencia de Bancos de Panamá emitió los Acuerdos No. 002-2020 de 16 de marzo de 2020 y No. 003-2020 de 26 de marzo de 2020, con el propósito de adecuar temporalmente las exigencias regulatorias sobre riesgo de crédito, contempladas en el Acuerdo No. 04-2013 de esta misma Superintendencia, a la situación de amenaza actual de propagación del Coronavirus.

 

¿Qué medidas ha tomado la Superintendencia de Bancos de Panamá?

La Superintendencia de Bancos de Panamá implementó una nueva modalidad de créditos denominados “créditos modificados”, como medida excepcional y temporal, atendiendo a criterios de viabilidad financiera y tomando en cuenta la capacidad de repago del deudor y serán de monitoreo especial por el regulador.

Adicionalmente, se estableció como medida especial y temporal que las entidades bancarias podrán utilizar hasta un 80% de la provisión dinámica para la constitución de provisiones específicas, y estas solo podrán realizar pagos de dividendos una vez hayan restituido el monto de la provisión dinámica correspondiente a la entidad.

 

¿Cuál es el propósito de estas medidas excepcionales y temporales?

Estas medidas excepcionales y temporales tienen como propósito proteger la estabilidad financiera del sistema bancario panameño flexibilizando las exigencias sobre riesgos de créditos aplicables a las entidades bancarias, según estas consideren necesario y tomando en cuenta las distintas circunstancias de cada crédito.

 

¿A qué créditos aplican las medidas establecidas?

Estas medidas especiales aplican tanto a créditos de consumo como a créditos corporativos, y las modificaciones que se realicen a estos pueden efectuarse a solicitud del deudor o por iniciativa de la entidad bancaria.

 

¿Cuáles son las reglas aplicables a los créditos o préstamos modificados?

  1. Podrán ser modificados los préstamos clasificados como normales y mención especial, así como los préstamos reestructurados que se encuentren sin atraso.
  2. Los créditos modificados deberán estar claramente identificados como tal por las entidades bancarias.
  3. Las entidades bancarias deberán procurar tomar en consideración la situación actual que atraviesa el país.
  4. La modificación de los créditos estará exenta de cargos y comisiones por la entidad bancaria, con excepción de gastos legales, notariales y registrales pagados a terceros.
  5. La modificación de los créditos estará exenta del requerimiento de la actualización del avalúo.

 

¿Cuándo se considera modificado un crédito según las medidas especiales y temporales establecidas?

Los créditos que sean modificados de conformidad con las medidas especiales y temporales establecidas mediante el Acuerdo No. 002-2020 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, se considerarán modificados en la fecha en que el deudor haya aceptado las modificaciones por cualquier medio o modalidad, incluyendo medios electrónicos, aceptación tácita y aceptación presunta por silencio.

Normativas COVID-19: Preguntas frecuentes sobre los servicios notariales y registrales

Carlos Miguel Coto González

Por Carlos M. Coto G. – Asociado

 

1. ¿Los Notarios Públicos se encuentran brindado sus servicios? ¿Cuál es su horario de atención?

El servicio notarial se encuentra incluido en las excepciones contenidas en los Decretos emitidos por el Ministerio de Salud que ordenan el cierre temporal de empresas y establecimientos comerciales, de tal manera que se mantienen brindando sus servicios con personal reducido y en horarios especiales que varían entre 9:00 am. a 11:30 a.m.

 

2. ¿El Registro Público se encuentra atendiendo a los usuarios de forma parcial o total?

Cumpliendo con las disposiciones emitidas por el Estado de Emergencia Nacional, en estos momentos no se está brindando atención física al público; sin embargo, se encuentran atendiendo las consultas y solicitudes de certificados vía web y presentación telemática de escrituras para su inscripción.

 

3. ¿Se encuentra ICAZA, GONZÁLEZ –RUIZ & ALEMAN brindando en estos momentos los servicios notariales y registrales?

Nuestra oficina se mantiene brindando todos los servicios notariales y registrales, incluyendo la confección de cualquier tipo de escritura, su presentación en las formas disponibles que se detallan más adelante, consultas, investigaciones de constancias de inscripción y solicitudes de certificados de propiedad, sociedades, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, entre otros.

 

4. ¿Cuál es el horario de atención del Registro Público en estos momentos?

La plataforma de servicios online se encuentra habilitada en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; sin embargo, las consultas de inscripciones se pueden seguir realizando las 24 horas del día.

 

5. ¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar online?

Los tramites que se pueden realizar online son los siguientes:

  • Solicitud de certificaciones de propiedad, sociedades, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, entre otros.
  • Presentación telemática e inscripción de escrituras relacionadas a sociedades y derechos reales (traspasos, ventas, donaciones, constitución y cancelación de hipotecas), constitución de régimen de Propiedad Horizontal, bienes muebles, entre otros.
  • Órdenes judiciales, secuestros, embargos, levantamientos, autos de adjudicación por remate, entre otros.
  • Consultas de todo tipo con respecto a documentos inscritos.

 

6. ¿Los trámites presentados vía online son más lentos?

La plataforma de servicios online permite reducción de los tiempos de respuesta, brindando mayor comodidad y rapidez a los trámites que se presentan.

 

7. ¿Cómo se puede obtener un Certificado de Registro Público?

Debe generarse la solicitud de forma electrónica a través de la “ventanilla virtual” contenida en la página: www.rp.gob.pa.

 

8. ¿Cómo se pueden presentar escrituras vía telemática?

Para la inscripción telemática, el documento o escritura pública de presentación debe contener la firma electrónica calificada del presentante.

 

9. ¿Se puede dar seguimiento a los trámites presentados en estos momentos?

El Sistema electrónico de información registral (SEIR), permite dar seguimiento a todos los trámites presentados; incluso, se puede consultar información registral relacionada a las constancias de inscripción.

Normativas COVID-19: Preguntas Frecuentes – Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

Adolfo A. González-Ruiz AriasPor Adolfo González-Ruiz – Asociado

 

1. ¿La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) está laborando?

La DGCP ha cerrado sus oficinas a partir del 23 de marzo, pero mantienen un servicio soporte vía telefónica al (507)515-1500. Además, pueden enviar consultas por escrito a los siguientes correos electrónicos:

Servicios al Cliente: info@dgcp.gob.pa.

Dirección de Políticas y Gestión de Compra: conveniomarco@dgcp.gob.pa

Dirección Jurídica: legal@dgcp.gob.pa

Dirección de Fiscalización de Procedimientos de Selección de Contratista: fiscalización@dgcp.gob.pa

Dirección de Procedimiento Excepcional de Contratación: dipec@dgcp.gob.pa

 

2. ¿Se ha publicado alguna Ley o Decreto que con relación a las Licitaciones Públicas?

El Ministerio de Salud, mediante el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°507 del 24 de marzo del 2020, ordenó la suspensión de todos los términos dentro de procesos administrativos seguidos por las diferentes instituciones. En seguimiento al Decreto Ejecutivo N°507 de 24 de marzo del 2020, la DGCP publicó la Resolución No. DGCP-056-2020 de 26 de marzo del 2020, por el cual se ordena la suspensión de los términos estipulados en el Texto único de la Ley 22 de 27 de junio 2006, ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, para las distintas etapas del procedimiento de selección de contratistas que a la fecha se encuentran en curso.

Posteriormente, el Ministerio de Salud modificó el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°507 del 24 de marzo del 2017, mediante Decreto Ejecutivo N°513 del 27 de marzo de 2020, incluyendo excepciones a la  suspensión en el caso de procedimientos de selección de contratistas efectuados para la contratación de obras, compras de equipos, bienes de insumos hospitalarios, medicamentos; y otros bienes, servicios o artículos, que hayan superado la etapa de propuestas.

Mediante Decreto Ejecutivo 534 del 16 de abril del 2020, se adiciona un artículo nuevo al Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo del 2020, añadiendo el artículo 9-A que exceptúan de la suspensión de términos los trámites administrativos del Ministerio de Salud, La Caja del Seguro Social (CSS) y todas sus dependencias que tengan como propósito el funcionamiento ordinario del sistema de salud.

Con relación a los trámites Pre-Contractuales o Contractuales convocados para la adquisición de servicios u obras, descritas en el párrafo anterior, se podrán ajustar de manera temporal las exigencias formales de participación, en razón al Manual de Procedimientos que dicte la DGCP.

Para efectos de los estipulado en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 534 precitado y cuando sea necesario, corresponde al Ministerio de Salud reactivar la operación, actividad y movilidad de los proponentes adjudicatarios, que así lo requieran en atención a lo establecido en el numeral 34 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo 507 de 24 de marzo de 2020.  Dicho numeral trata sobre las empresas específicas cuya reactivación autorice el Ministerio de Salud mediante resolución, para su operación, actividad y movilización.

 

3. ¿Se pueden realizar trámites online?

Sí, la DGCP está tramitando vía online procesos de Certificación de Acciones Nominativas, presentación de Acción de Reclamos, y Registro de Proponentes ante la página web de “PanamaCompra”.

 

4. ¿Es permitido presentar reclamos contra Actos Públicos ante la DGCP? ¿Cómo se interpone una acción de reclamo?

Sí, es permitido presentar una Acción de Reclamo vía online contra los actos públicos en curso.

El procedimiento para la presentación de una Acción de Reclamo es el siguiente:

  • Debe enviar un correo electrónico a fiscalización@dgcp.gob.pacon donde adjunte el recurso de acción de reclamo, poder y pruebas, de manera legible y siguiendo las formalidades establecidas por Ley.
  • El correo electrónico debe tener como título del asunto: Interposición de Acción de Reclamo.
  • A partir de la fecha de envió del correo electrónico, la DGCP procederá con la publicación de la acción de reclamo e inicia el computo de la admisión o no admisión de dicho reclamo.
  • En caso de ser admitida, la entidad licitante tiene un término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución para remisión del Informe de Conducta.
  • Se siguen los demás procedimientos establecidos por Ley.