Gabriela Tejada de Britton reconocida por WTR Global Leaders 2021

Icaza, González-Ruiz & Alemán tiene el agrado de anunciar que nuestra socia Gabriela Tejada de Britton ha sido incluida en la publicación World Trademark Review (WTR) Global Leaders 2021, en la categoría de Práctica Privada.

Jefa de la División de Propiedad Intelectual de la firma, Gabriela maneja y brinda asesoramiento especializado para el portafolio de marcas de empresas locales y multinacionales en una amplia gama de sectores que incluyen, entre otros, belleza y cuidado personal, farmacéutico, automóvil, minorista, artículos de lujo, alimentos y bebidas, finanzas y entretenimiento.

El asesoramiento incluye licencias de uso de marcas y derechos de autor, franquicias, registro de marcas y patentes, procesos de uso indebido, procesos de oposición y nulidad.

 

Acerca de WTR Global Leaders

WTR Global Leaders es una importante publicación que reúne a los principales expertos en marcas en el mundo a nivel corporativo y de bufetes de abogados, basándose en las investigaciones de las publicaciones WTR 1000 y WTR 300.

Para ser incluidos en WTR Global Leaders, los abogados deben estar clasificados en el nivel de oro del WTR 1000, que es un directorio de investigación centrado exclusivamente en prácticas y profesionales de marcas registradas, que identifica a los principales expertos en 80 jurisdicciones clave a nivel mundial.

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Nuevos Requisitos de Entrada a Panamá

Nuevos requisitos de entrada a Panamá a partir del 23 de julio de 2021

 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 804 del 22 de julio de 2021, a partir de las 12:01 a.m. del día viernes, 23 de julio de 2021, toda persona que ingrese a Panamá por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, deberá presentar previo al abordaje en la aerolínea, el puerto de embarque o la empresa que efectúa el transporte, la Declaración Jurada de Salud Digital, debidamente registrada de manera física y/o digital en la web www.panamadigital.gob.pa que incluye prueba COVID-19 tomada con una antelación de hasta 72 horas a su salida del país de origen.

 

PROVENIENTES DE PAISES DE ALTO RIESGO

Toda persona nacional, residente o extranjera sin proceso migratorio proveniente o que haya permanecido o transitado por países identificados como de alto riesgo epidemiológico, en los últimos 15 días, quedará exonerada de la cuarentena de tres (3) días y de la prueba molecular a su ingreso al territorio nacional, siempre que haya registrado, de forma física y/o digital, los siguientes documentos:

  1. Resultado negativo de la prueba COVID-19 (PCR o antígeno), de hasta 72 horas de vigencia, efectuada por un laboratorio certificado, o realizada a su costo, al ingresar al puerto de entrada aéreo, marítimo o terrestre.
  2. Tarjeta o certificación digital de esquema completo de inmunización con vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), igual o mayor a catorce (14) días posteriores a la aplicación de su última dosis.

 

PROVENIENTES DE PAISES QUE NO SON DE ALTO RIESGO

Toda persona proveniente de países que no son de alto riesgo epidemiológico, sea que cuente o no con tarjeta de vacunación o esquema incompleto de inmunización menor a 14 días posterior a la aplicación de su última dosis, que cumplan con el resultado negativo de la prueba COVID-19 (PCR o antígeno), de hasta de 72 horas de vigencia, efectuada por un laboratorio certificado, o realizada a su costo al ingresar al puerto de entrada aéreo, marítimo o terrestre, con resultado negativo, quedará exonerada de la cuarentena preventiva de tres (3) días y de la prueba molecular.

 

REQUISITOS DE ENTRADA PARA PASAJEROS SIN TARJETA DE VACUNACIÓN

Toda persona proveniente o que haya permanecido o transitado por países identificados como de alto riesgo epidemiológico, en los últimos 15 días, que no cuente con tarjeta de vacunación o esquema incompleto de inmunización menor a catorce (14) días posteriores a la aplicación de su última dosis, deberá realizarse la prueba COVID-19 en el puerto de entrada y cumplir con cuarentena preventiva de 72 horas en su residencia si es nacional o residente, según criterio de la autoridad sanitaria; y si es extranjero sin proceso migratorio en el país, deberá ingresar a un hotel de vigilancia para viajeros no COVID-19 a costo del Estado, o bien, a un establecimiento hotelero, que haya sido destinado para este propósito por la autoridad sanitaria, cuyo costo será asumido por el viajero.

 

A partir del 9 de agosto de 2021, toda persona sin proceso migratorio en el país, proveniente o que haya permanecido o transitado por países de alto riesgo epidemiológico, en los últimos 15 días, que no cuente con tarjeta de vacunación o esquema incompleto de inmunización menor a catorce (14) días posteriores a la aplicación de su última dosis, deberá realizarse la prueba COVID-19 en el puerto de entrada y cumplir la cuarentena preventiva de 72 horas , en un establecimiento hotelero que haya sido autorizado por la autoridad sanitaria para este propósito, cuyo costo será asumido por el viajero.

 

Resultado Positivo

Si el resultado de la prueba es positivo debe cumplir con un aislamiento por catorce (14) días, los nacionales o residentes en sus residencias, según determine la autoridad sanitaria, y los extranjeros no residentes en hotel hospital para viajeros COVID-19, cuyo costo será asumido por el viajero, y efectuarse una prueba PCR-RT para tipificación y análisis efectuada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Las personas que deban cumplir cuarentena preventiva de 72 horas en establecimientos hoteleros autorizados por la autoridad sanitaria para este propósito, deberán presentar previo a su abordaje en la aerolínea, el puerto de embarque o la empresa que efectúa el transporte, su reserva completa para cumplir con esta medida.

 

Segunda prueba de COVID-19

Toda persona sin tarjeta de vacunación deberá repetir la prueba de antígeno en un laboratorio validado por el ICGES. De ser negativo el resultado, finalizará la cuarentena y, en caso de ser positivo, la persona deberá cumplir aislamiento de catorce (14) días, los nacionales o residentes en sus residencias, según determine la autoridad sanitaria, y los extranjeros no residentes en hotel hospital para viajeros COVID-19, cuyo costo será asumido por el viajero, y efectuarse una prueba PCR-RT para tipificación y análisis efectuada por el ICGES.

 

EXCEPCIONES

Se exceptúan de las disposiciones contenidas en este Decreto Ejecutivo, la gente de mar, las tripulaciones técnicas, las tripulaciones auxiliares, los mecánicos de naves o embarcaciones, personal humanitario, así como conductores y los ayudantes de transporte terrestre de carga internacional, los cuales deberán presentar, cada quince (15) días, previo a su registro en el servicio nacional de migración su prueba de hisopado PCR o antígeno con resultado negativo o no detectado por SARS-Co V-2 (COVID 19) con un máximo de 72 horas de vigencia previo a su ingreso al país.

 

Hoteles de Vigilancia autorizados por el gobierno para llevar a cabo la cuarentena de 3 días:

  1. Westin Panama
  2. Westin Playa Bonita
  3. Hotel Bristol
  4. Wyndham Panama Albrook Mall
  5. Hotel Sortis
  6. Hotel Santa Maria

 

*Hasta la fecha, Panamá considera países de alto riesgo a la India, Reino Unido, Sudáfrica y países de Sudamérica.

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Panamá incluye a Perú en el listado de Países Amigos

Por medio del Decreto Ejecutivo No. 226 del 20 de julio de 2021, Panamá incluye a Perú en su listado de Países Amigos, lo cual permite a personas de nacionalidad Peruana optar por el permiso de Residente Permanente a través de esta categoría.

El Servicio Nacional de Migración podrá conceder un permiso de Residencia Provisional por un periodo de dos años a aquellas personas que soliciten la subcategoría de Residente Permanente, en calidad de extranjeros nacionales de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá, con el fin de ejercer actividades económicas o profesionales, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo.

Para ello, todo solicitante debe cumplir con requisitos tales como el récord policivo, copias de pasaportes, certificados de salud, fotografías tamaño carnet y deberá aportar documentación que demuestre la finalidad de requerir su residencia según la actividad económica o profesional a realizar, salvo las actividades, o profesiones reservadas por ley para los nacionales, que se podrá demostrar por alguna de las siguientes razones:

 

Por razones laborales:

  1. Carta de trabajo en papel membrete, firmada por el representante legal del empleador, donde se certifique el cargo, el salario y el compromiso de asumir los gastos de repatriación, según sea el caso.
  2. Certificado del Registro Público de Panamá de la empresa empleadora.
  3. Aviso de Operación de la empresa empleadora. En caso de que la empresa empleadora no esté obligada a mantener un Aviso de Operación, se deberá aportar el justificante, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 5 de 2017.

Para la aprobación del Permiso de Residencia, el solicitante y su empleador estarán obligados a tramitar ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral el permiso de trabajo que autorice al solicitante a laborar en el territorio nacional.

 

Por razones de inversión en un bien inmueble: Certificado de Registro Público de Panamá que compruebe la propiedad del bien inmueble, a titulo personal del solicitante, de una persona jurídica en la que el solicitante sea la persona natural beneficiaria final de las acciones, aportaciones o cuotas sociales de la sociedad; o, fundador y beneficiario final de una fundación de interés privado; siempre que el bien inmueble tenga un valor mínimo de doscientos mil dólares (US$200,000.00). La operación de adquisición del bien inmueble podrá ser financiada a través de un banco de la localidad.

 

Por Razones de Depósito a Plazo Fijo: Certificación de un banco de licencia general que opere en el territorio nacional, en la que se haga constar la existencia del depósito, su titular, el valor, el plazo y que el mismo se encuentra libre de gravámenes, con una vigencia mínima de tres años y por un valor no inferior a doscientos mil dólares (US$200,000.00). Esta inversión se podrá realizar a título personal por el solicitante, por una persona jurídica en la que el solicitante sea la persona natural beneficiaria final de las acciones, aportaciones o cuotas sociales de la sociedad; o, fundador y beneficiario final de una fundación de interés privado.

 

Esta opción permite obtener la Residencia Provisional por dos años y aplicar a la Residencia Permanente al tercer año. Si prefiere optar por la Residencia Permanente de forma directa, la opción de Inversionista Calificado otorga la Residencia Permanente en Panamá en un plazo no mayor de treinta (30) días, con una inversión inmobiliaria valorada en US$300,000.00.

 

Descargar el Decreto Ejecutivo 226 

Contáctenos para más información

    Podcast: Propiedad Intelectual 101 – Preguntas Frecuentes sobre el Registro de Marcas

    Episodio 3: Propiedad Intelectual 101 – Preguntas Frecuentes sobre el Registro de Marcas

     

    ¿Te has preguntado por qué es importante registrar una marca? ¿Te interesa conocer más sobre el proceso de registro de una marca y cómo protegerla?  En el tercer episodio de Legal Insider, el podcast de Actualidad Legal de Icaza, González-Ruiz & Alemán, nuestro experto en Propiedad Intelectual, Fernando González-Ruiz, responde las preguntas frecuentes que hemos recibido sobre el registro de marcas en Panamá. 

     

    Escucha el podcast y aclara tus dudas para tomar una decisión informada al momento de crear tu marca y comercializar tus productos o servicios bajo la misma.

     

    Los principales puntos mencionados son los siguientes:

    1. El valor real de registrar una marca
    2. Cualidades de una buena marca
    3. Los tipos de marcas
    4. El procedimiento de registro de una marca
    5. Diferencia entre las marcas y el derecho de autor
    6. Cómo proteger mi marca
    7. Recomendaciones para el registro de marcas

    Lee el artículo Consideraciones antes de crear tu marca para más información. Para asesoría sobre este y otros temas de Propiedad Intelectual, contáctanos a consultas@icazalaw.com.

     

    Escucha el tercer episodio de Legal Insider (segundo en español) a continuación:

    Panamá crea Régimen Especial para el Establecimiento de Academias Deportivas Profesionales

    Ley No. 219 de jueves 3 de junio de 2021 que promueve el desarrollo de categorías menores de béisbol y crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Academias Deportivas Profesionales Transnacionales de Béisbol u otra Disciplina Deportiva en Panamá

     

    Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo de categorías menores de béisbol panameño a través de un centro de alto rendimiento y crear el Régimen Especial para el Establecimiento de Academias Deportivas Profesionales Transnacionales de Béisbol u otra Disciplina Deportiva en Panamá.

     

    La Ley 219 del 3 de junio de 2021 tiene como finalidad:

    • Promover la inversión nacional y extranjera para la construcción de infraestructuras destinadas a la formación integral y de alto rendimiento de los deportistas.
    • Fomentar el interés deportivo en los jóvenes entre nueve y dieciocho años de edad, para que incursionen en la práctica de la disciplina deportiva del béisbol profesional u otra disciplina deportiva.
    • Potenciar las capacidades deportivas de jóvenes nacionales y extranjeros, tanto a nivel deportivo como educativo.
    • Incentivar el establecimiento de sedes de academias deportivas transnacionales, para que inviertan en el establecimiento de academias de béisbol profesional u otras disciplinas deportivas.
    • Brindar alternativas más allá del campo de juego para que estos jóvenes tengan mayores posibilidades de optar por becas deportivas en universidades extranjeras.
    • Estimular la economía del país con el desarrollo de todas aquellas actividades que generen la construcción, desarrollo y funcionamiento de las academias deportivas de profesionales transnacionales de alto rendimiento a nivel nacional.
    Lea el texto completo de la Ley 219 del 3 de junio de 2021

    Ley de Incentivos Ambientales en Panamá

    Ley No. 223 del 8 de junio de 2021 que establece incentivos ambientales.

     

    Por medio de esta ley se establecen exoneraciones e incentivos fiscales en material ambiental a partir de la vigencia del año 2022, con el fin de promover las prácticas comerciales sostenibles, la reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria el reciclaje en Panamá.

     

    La ley dispone que las personas jurídicas especializadas en la operación de plantas industriales de reciclaje que sean debidamente avaladas por el Ministerio de Ambiente quedarán exoneradas, por un período de cinco años, del pago de los siguientes impuestos:

    1. Impuesto sobre la renta
    2. Impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre socios o accionistas nacionales e internacionales.
    3. Impuesto de importación de equipos y maquinarias requeridas para la manufactura.

    Se mantendrá la obligación de presentar anualmente la declaración jurada de renta para fines informativos ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

     

    Para más información sobre este tema, contáctenos a consultas@icazalaw.com.

    Resumen de la Ley 223 del 8 de junio de 2021 - Haga clic para agrandar la imagen
    Descargar el texto completo de la Ley 223 del 8 de junio de 2021

    Ley de Protección de Datos Personales y su reglamentación en Panamá

    Mariela I. de la Guardia OteizaSobre la normativa en materia de protección de datos personales en Panamá, la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 y su Reglamentación por medio del Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021.

     

    Por Mariela de la Guardia Oteiza

    Descargar texto completo en formato .pdf.

    La protección de los datos personales es una garantía fundamental y está contenida en nuestra Constitución Nacional, la cual establece en su Artículo 42 lo siguiente:

     

    “Artículo 42: Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.

    Esta información solo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.”

     

    Como vemos, siempre se debe obtener el consentimiento del titular, es decir su manifestación de voluntad para tratar los datos y ser informados del fin específico para el cual se recopilan los datos. La Ley 81 establece que el consentimiento puede obtenerse de forma que permita su trazabilidad mediante documentación, ya sea electrónica o mediante otro mecanismo adecuado y podrá ser revocado, sin efecto retroactivo.

     

    Así mismo, nuestra Constitución Nacional en su artículo 43 establece las garantías constitucionales en las cuales toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo y solicitar su rectificación.  El artículo 44 establece que toda persona puede promover una acción de hábeas data para garantizar el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales.

     

    El 29 de marzo de 2021 entró en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales en la República de Panamá por medio de la Ley 81 de 26 de marzo de 2019.  Esta Ley establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales en nuestro país para personas naturales y jurídicas.  Luego por medio del Decreto Ejecutivo 285 de 2021 se reglamenta la Ley 81.

     

    Es importante destacar que antes de la promulgación de la Ley 81 de 2019, existían disposiciones legales que actualmente regulan la protección de datos personales en Panamá, por medio de leyes especiales. Entre los cuales están la Ley bancaria, Ley de seguros, Ley de valores, Ley Fiduciaria, Ley que regula los Derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información u decisión libre e informada, entre otras.

     

    A pesar que existen leyes especiales y normas que conforman el marco regulatorio que regula la protección de datos personales, la Ley 81 de 2019 se aplica de forma supletoria.

     

    El regulador o autoridad reguladora de cada sector, debe establecer dentro de su normativa todos los protocolos, procesos y procedimientos de tratamiento y transferencia segura que deban cumplir los sujetos regulados.

     

    Conceptos básicos de la Protección de Datos Personales

     

    ¿Qué es un Dato personal?

    Un dato personal, es cualquier información concerniente a personas naturales que las identifica o hace identificable.

     

    ¿Qué es un dato sensible?

    La Ley define los datos sensibles, a aquellos que se refieren a la esfera íntima del titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para este.

    Se consideran datos sensibles, los que pueden revelar aspectos como origen racial, o étnico; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas; datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia u orientación sexual datos genéticos o datos biométricos, entre otros.

     

    La Ley 81 establece que los datos sensibles no pueden transferirse sin el debido consentimiento explícito del titular, cuando sea necesario para salvaguardar la vida del titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado, cuando se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso con autorización judicial competente, cuando tenga una finalidad histórica, estadística o científica, en cuyo caso deberán tomarse medidas de disociación de identidad.

     

    Objeto, principios y aplicación

    La Ley establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales, considerando su interrelación con la vida privada y demás derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

     

    Los principios generales son los que inspiran y rigen la protección de datos personales y que son la base para su interpretación y aplicación de la norma, también complementan algunos vacíos de la propia Ley 81:

    1. Principio de lealtad: los datos personales se recaban sin engaño o falsedad y sin utilizar medios fraudulentos
    2. Principio de finalidad: los datos personales deben recolectarse con fines determinados y no ser tratados posteriormente para fines distintos para los cuales se solicitaron, no conservarse por más tiempo del necesario para los fines del tratamiento.
    3. Principio de proporcionalidad: solo se solicitan los datos adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario en relación a la finalidad requerida.
    4. Principio de veracidad y exactitud: deben ser exactos y responder con veracidad a la situación actual del propietario del dato.
    5. Principio de seguridad de los datos: los responsables del tratamiento de los datos personales deben adoptar las medidas para garantizar la seguridad de los datos e informar al titular, lo más pronto posible, cuando los datos hayan sido sustraídos sin autorización o haya indicios que su seguridad ha sido vulnerada.
    6. Principio de transparencia: la información y comunicación debe ser expresada en un lenguaje claro y sencillo.
    7. Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales tienen la obligación de guardar secreto o confidencialidad respecto de estos.
    8. Principio de licitud: los datos deben ser recolectados de forma licita, con el consentimiento previo, informado e inequívoco del titular o por fundamento legal.
    9. Principio de portabilidad: el titular de los datos tiene el derecho a obtener de parte del responsable una copia de los datos personales en un formato genérico y de uso común.

     

    El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a las bases de datos que se encuentren en el territorio de la República de Panamá, que almacenen o contengan datos personales de nacionales o extranjeros o que el responsable del tratamiento esté domiciliado en el país, quedan sujetos a la aplicación de esta Ley y su reglamentación.

     

    El almacenamiento o transferencia de datos personales originados o almacenados dentro de la República de Panamá que sean confidenciales, sensibles o restringidos, que reciban un tratamiento transfronterizo es permitido siempre que el responsable del almacenamiento o custodio de los datos cumpla con los estándares de protección de datos personales y obtenga el consentimiento.

     

    El Decreto Ejecutivo 285 del 2021 que reglamenta la Ley 81 establece que el registro de las bases de datos transferidas a terceros constará por escrito, por cualquier medio, inclusive por medios electrónicos.

     

    ¿Qué excepciones aplican y cuándo se puede tratar los Datos Personales?

    Existen excepciones al ámbito de aplicación de la Ley, para aquellos datos que expresamente se encuentren regulados por leyes especiales o por normativas que las desarrollen y que hemos detallado al inicio.

     

    Dentro de las excepciones se encuentran:

    1. Los que realice una persona natural para actividades exclusivamente personales o domésticas.
    2. Los que realicen autoridades competentes con fines de prevención, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.
    3. Los que se efectúen para el análisis de inteligencia financiera relativos a la seguridad nacional
    4. Cuando se trata de tratamiento de datos relacionados con organismos internacionales en cumplimiento de tratados o convenios internacionales
    5. Los resultantes de información obtenida mediante un procedimiento previo de anonimización.

     

    El tratamiento de datos personales solo se puede realizar cuando: i) Se obtenga el consentimiento del titular, ii) Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de una obligación contractual, iii) Que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, iv). Que el tratamiento esté autorizado por una ley especial.

     

    Responsable del tratamiento de datos personales, custodio de la base de datos y Oficial de Protección de datos

    El responsable del tratamiento de datos es una persona natural o jurídica, publica o privada lucrativa o no, que le corresponde las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos y determina los fines, medios y alcance.

     

    El responsable del tratamiento de datos es quien establecerá los protocolos, procesos y procedimientos de gestión y transferencia segura, protegiendo los derechos de los titulares. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) con el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) son las autoridades que fiscalizarán y supervisarán lo anterior.

     

    El custodio de la base de datos, así como todo aquel que tenga acceso deberá cuidar de estos con la debida diligencia, y será igualmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados.

     

    Como medida de responsabilidad para el cumplimiento de la utilización de los datos personales el Decreto Ejecutivo 285 establece la figura del Oficial de Protección (ODP) para las entidades públicas y recomendado, pero no obligatorio para el sector privado.  El ODP desempeñará sus funciones de forma independiente. Sus funciones serán de participar en tiempo y forma en las cuestiones referidas a la protección de datos, informar y asesorar al responsable y al custodio, supervisar el cumplimiento de la normativa, promover la capacitación de las personas que traten datos, entre otras.

     

    Tanto el responsable del tratamiento de datos personales como el custodio de la base de datos que transfieran datos, deben llevar un registro de las bases de datos y deben estar a disposición de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) cuando lo requiera, incluso la base de datos debe identificar e indicar el periodo de todas las personas que ingresen datos personales dentro de los quince días hábiles desde que se inicia dicha actividad.

     

    Los responsables del tratamiento de datos y/o custodios de las bases de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos, estarán sujetas al deber de secreto o confidencialidad. Esta obligación será complementaria al secreto profesional, se aplicará durante todo el tiempo que dure el tratamiento y se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del empleado o funcionario.

     

    Los responsables del tratamiento y/o custodios de las bases de datos deben garantizar el cumplimiento y quedan sujetos a la fiscalización y supervisión de la ANTAI a través de la Dirección de Protección de Datos Personales.

     

    ¿Cuándo no se requiere autorización para el tratamiento de los datos personales?

    No se requiere autorización para el tratamiento de los datos personales en los siguientes casos:

    1. Fuentes de dominio público
    2. Los que recolecta la administración pública.
    3. Los de carácter económico, financiero o bancario con consentimiento previo.
    4. Listas de personas en organizaciones, profesiones.
    5. Aquellos dentro de una relación comercial establecida.
    6. Tratamiento de organizaciones privadas para uso de los asociados.
    7. Urgencia médica o sanitaria.
    8. Fines históricos, estadísticos o científicos.

     

    Derechos irrenunciables de los titulares de datos personales

    Como muchos países nuestro país reconoce los derechos ARCO, es decir el Derecho de Acceso, Derecho de Rectificación, Derecho de Cancelación, Derecho de Oposición y Derecho a la Portabilidad.

     

    Nuestra Ley permite al titular de los datos personales a solicitar su información a los responsables del tratamiento de datos, y deberá ser proporcionada en un plazo no mayor de diez días hábiles. El suministro de información, su modificación, bloqueo o eliminación será gratuito.

     

    Los datos deberán ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos dentro de un término de cinco días hábiles siguientes a la solicitud de modificación. Quien sea responsable debe proceder cuando existan pruebas de inexactitud de los datos.

     

    Si el responsable no se pronuncia sobre la solicitud del titular dentro del término, el titular puede recurrir a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). En casos sujetos a leyes especiales, al regulador o autoridad reguladora. En el caso que en dichas leyes no se encuentren las sanciones a las faltas cometidas, el regulador deberá aplicar las sanciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio que el titular pueda también presentar su queja ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) para que aplique las sanciones correspondientes y a los tribunales de justicia para solicitar la indemnización por daño patrimonial y/o moral.

     

    El responsable del tratamiento de los datos personales o el custodio de la base de datos no puede transferir o comunicar en ningún caso los datos que relacionen a una persona después de transcurridos siete años, desde que se extinguió la obligación legal de conservarla, al menos que se pacte otro periodo.  Estos datos tienen que eliminarse o volver a mantener una relación con el titular de los datos y explicarle por qué aún se mantienen los datos y cuál es el nuevo fin.

     

    La transferencia de datos es lícita si cumple al menos una de las condiciones siguientes:

    1. Consentimiento del titular.
    2. Que el país u organismo receptor proporcione mejor nivel de protección.
    3. Que se encuentre previsto en una Ley o Tratado.
    4. Para prevención de diagnóstico médico.
    5. Que sea efectuada a cualquier sociedad de un mismo grupo económico siempre que no sean usadas para fines distintos.
    6. En virtud de un contrato.
    7. Necesario para la salvaguarda de un interés público.
    8. Para el reconocimiento o defensa de un derecho en un proceso judicial.
    9. Para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica.
    10. Requerida para transferencias bancarias o bursátiles.
    11. Para cooperación internacional entre organismos de inteligencia para luchar contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, etc.
    12. Que el responsable que transfiere los datos adopte mecanismos de autorregulación vinculante.
    13. En caso de cláusulas contractuales.

     

    Consejo Consultor y Autoridad supervisora

    Se crea un Consejo de Protección de datos personales como ente consultivo en la materia que asesora a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), recomienda políticas públicas relacionadas a la materia, evalúa los casos que sean presentados, brinda recomendaciones y desarrolla su reglamento interno.

     

    La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) a través de una Dirección, creada para conocer esta materia, está facultada para sancionar al responsable del tratamiento de los datos personales, así como al custodio de la base de datos que se compruebe que han infringido los derechos del titular de los datos personales. El Decreto ejecutivo establece los criterios para la graduación de las sanciones, que dependerán de la intencionalidad, la reincidencia, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causado, afectación de derechos, adopción de medidas correctivas entre otras.

     

    Las decisiones de la Dirección serán impugnables mediante recurso de reconsideración y son apelables ante el Director de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

     

    Infracciones y sanciones

    La Autoridad podrá fijar sanciones desde $1,000.00 a $10,000.00 balboas.

    Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves:

    • Leves: no remitir o informar a la autoridad la información dentro del plazo y puede conllevar una citación de la autoridad.
    • Graves: efectuar el tratamiento sin el consentimiento del titular, infringir los principios y garantías establecidos, infringir el compromiso de confidencialidad, restringir los derechos ARCO, incumplir el deber de informar al titular del tratamiento de los datos, almacenar o archivar datos sin las condiciones de seguridad, no atender la reiteración de los requerimientos y obligaciones de la autoridad, lo anterior puede conllevar según su proporcionalidad una multa de US$1,000 a $10,000 balboas.
    • Muy graves: recopilar datos persones en forma dolosa, no observar las regulaciones, no suspender el tratamiento cuando exista previo requerimiento de la autoridad, almacenar o transferir internacionalmente datos personales y reincidir en las faltas graves, lo anterior puede conllevar la clausura de los registros de la base de datos y multa correspondiente e incluso la suspensión e inhabilitación de la actividad de almacenamiento y/o tratamiento.

     

    Finalmente, el Decreto Ejecutivo establece plazos para la prescripción de la acción y de la sanción:

    • Prescripción de la acción:
    1. Las infracciones leves en el plazo de 1 año.
    2. Las infracciones graves en el plazo de 3 años.
    3. Las infracciones muy graves en el plazo de 5 años.
    • Prescripción de la sanción:
    1. Las sanciones leves en el plazo de 3 años.
    2. Las infracciones graves en el plazo de 5 años.
    3. Las infracciones muy graves son imprescriptibles.

     

    La Ley 81 de 26 de marzo de 2019 fue publicada en la Gaceta Oficial No.28743-A, entró en vigencia el 29 de marzo de 2021 y el Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021 entró en vigencia a partir de su promulgación el día 28 de mayo de 2021 y fue publicada en la Gaceta Oficial No.29296-A.

    Panamá crea Visa de Corta Estancia para Trabajo Remoto

    Por medio del Decreto Ejecutivo No. 198 del 7 de mayo de 2021, Panamá crea la Visa de Corta Estancia como Trabajador Remoto

     

    Con la intención de convertirse en un destino popular entre los nómadas digitales y los profesionales que trabajan de forma remota, Panamá ha lanzado su Visa de estadía corta para trabajadores remotos.

     

    Esta nueva visa permite a los extranjeros empleados por empresas que operan fuera de Panamá o que trabajan por cuenta propia, vivir y trabajar de forma remota desde Panamá, durante nueve meses con una extensión única de nueve meses adicionales.

     

    Para ser elegible para esta visa, los solicitantes deben tener un ingreso anual mínimo de US$36,000 y deben demostrar que sus ingresos provienen de una fuente extranjera a través de una certificación bancaria o un estado de cuenta de su banco.

     

    Los requisitos para solicitar la visa incluyen:

    1. Formulario de solicitud correspondiente, que incluye el compromiso del solicitante de asumir los gastos de regreso a su país de origen o destino,
    2. Tres fotografías tamaño carné,
    3. Copias certificadas de pasaporte,
    4. Certificación de antecedentes penales,
    5. Certificado de buena salud,
    6. Póliza de seguro médico que debe incluir cobertura por el período de estadía en Panamá,
    7. Declaración jurada de antecedentes personales,
    8. Declaración jurada de No Aceptación de oferta de trabajo o servicio en Panamá,
    9. Certificación de registro de la empresa extranjera donde trabaja el solicitante, y
    10. Carta de la empresa, en papel membrete, firmada por el representante legal, en la que se indique el cargo y funciones ejercidas, ingresos mensuales, modalidad de trabajo y compromiso de asumir los costos de regreso a su país de origen.

    Los solicitantes autónomos deben proveer una certificación o constancia de la empresa propia, debidamente registrada en el extranjero, a través de la cual realizará sus negocios y una declaración jurada que describa la actividad comercial de la empresa, los servicios prestados, los clientes a quienes presta sus servicios y sus ingresos.

     

    Todos los documentos emitidos en el extranjero deben estar apostillados o legalizados.

     

    Los gastos relacionados con la emisión de esta visa son:

    1. US$ 250,00 – Servicio Nacional de Inmigración
    2. US$ 50,00 – Carné de la Visa

    Si actualmente está trabajando de forma remota, es elegible según los requisitos y está buscando un nuevo destino, aproveche el excelente clima de Panamá, sus fantásticas playas, montañas, la cultura y, lo que es más importante, su infraestructura de telecomunicaciones de clase mundial. La visa de corta estancia como trabajador remoto de Panamá podría ser exactamente lo que necesita.

     

    Para más información sobre esta o cualquier otra categoría de Visa, contáctenos a consultas@icazalaw.com, o directamente a nuestras abogadas:

    Ana Graciela Medina

    Ana Graciela Medina

    anagm@icazalaw.com 

    Ayleen Quintero

    Ayleen Quintero

    ayleenq@icazalaw.com

    Alberto Quiros Bonett

    Procedimiento para una Acción de Reclamo en una Licitación Pública

    El Procedimiento para una Acción de Reclamo en una Licitación Pública

    Por Adolfo González-Ruiz

     

    Todos hemos leído en los medios sobre las acciones de reclamos que interponen las empresas en los actos públicos, pero ¿verdaderamente conocemos el significado de una acción de reclamo y los motivos por cual un proponente puede imponer dicho recurso?

     

    Cuando un proponente, es decir personas naturales, personas jurídicas o consorcios conformados por dichas personas, participa en un proceso de selección de contratista, como es el caso de una Licitación Pública, y mantiene fundamentos de inconformidad del proceso llevado a cabo por la Entidad Licitante, el proponente tiene el derecho a imponer una acción de reclamo contra el proceso con fundamento en la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020 que regula las Contrataciones Públicas (la “Ley”).

     

    La Ley indica que una acción de reclamo podrá interponerse contra todo acto u omisión legales o arbitrarios ocurridos durante el proceso de selección de proponente antes de que se adjudique, declare desierto o cancele, mediante una especie de recurso que debe presentarse ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) siguiendo las formalidades y términos establecidos en la Ley. Es importante considerar que cuando la DGCP admite una acción de reclamo, el acto público queda en estado suspendido, es decir los términos quedan suspendidos, valga la redundancia, hasta que se resuelva el recurso.

     

    Acorde con la nueva modificación de la  Ley de Contrataciones Públicas, se distinguen dos tipos de acción de reclamo, contra: (i) el pliego de cargos, que es el  documento que establece los requisitos exigidos por la entidad licitante incluyendo los términos y condiciones, derecho y obligaciones del contratista y el procedimiento que se va a seguir en la Licitación Pública; o (ii) el informe de la comisión evaluadora, que es el  documento emitido por la Comisión Evaluadora con el análisis y los resultados derivados de la revisión de las propuestas en el proceso de selección correspondiente.

     

    Procedemos a analizar ambos tipos de acciones de reclamos:

     

    A. Acción de Reclamo contra el Pliego de Cargos:

    Las acciones de reclamo contra el pliego de cargos tienen la particularidad de que únicamente pueden imponer dicho recurso los proponentes que hayan participado y firmado el acta de reunión previa y homologación. Por lo general, en la práctica las reuniones de homologación se realizan semanas siguientes a la publicación del acto público en el portal de Panamá Compra, y su finalidad es otorgarle derecho a los interesados que consulten con la Entidad Licitante todas sus dudas pertinentes a la Licitación Pública y el pliego de cargos.

     

    Una acción contra el pliego de cargos puede ir dirigido en contra de una ilegalidad o alguna sección del pliego de cargos que contenga un requisito que viole la Ley. Por ejemplo, en un caso hipotético donde el pliego de cargos detalle que los Estados Financieros de la empresa pueden ser presentados en moneda distinta al dólar americano, sabiendo que todos los Estados Financieros deben ser presentados acorde a la moneda de curso legal. En este caso, el proponente tiene el derecho a presentar una acción de reclamo ante la DGCP con la finalidad de que le ordenen a la entidad licitante corregir dicha sección del pliego de cargos.

     

    Los términos estipulados por Ley para la presentación de la acción de reclamo varían acorde al tipo de proceso de selección de contratista. Por ejemplo, en el caso de las contrataciones menores los proponentes cuentan con un (1) día hábil antes de la presentación de propuestas para interponer el recurso. Por el otro lado, en las licitaciones por mejor valor y las licitaciones públicas aplican los siguientes términos:

    1. No menos de tres (3) días antes del día de la celebración del acto de selección de contratista, si la cuantía excede de cincuenta mil dólares (US$50,000.00) y no supere los quinientos mil dólares (US$500,000.00).
    2. No menos de cuatro (4) días antes del día de la celebración del acto de selección de contratista, si la cuantía excede de los quinientos mil dólares (US$500,000.00).

    Una vez presentada la acción de reclamo ante la DGCP, esta cuenta con un plazo de dos (2) días hábiles para admitirla o inadmitirla. En caso que la DGCP admita la acción debe publicar su decisión en el Portal de “PanamáCompra” e inicia el término no mayor de cinco (5) días con derecho a prorroga de tres (3) adicionales para resolverla. Si la DGCP no cumple con la admisión o inadmisión en el término de los dos (2) días contemplados por Ley, se entiende que la acción de reclamo ha sido admitida y debe resolver el mismo acorde a los términos antes mencionados. De igual manera, si la DGCP no admite el recurso, debe publicar una resolución motivando su decisión de no admitir la misma.

     

    B. Acción de Reclamo contra el Informe de la Comisión Evaluadora:

    Ante de entrar en este punto, reiteramos que el informe de la comisión verificadora o evaluadora es aquel documento que emite y firma la comisión verificadora o evaluadora donde exponen el análisis y resultado que surge de la revisión de las propuestas dentro del proceso de selección de contratista. En el informe se debe indicar si el proponente cumple o no con los requisitos mínimos obligatorios, detallar el cuadro de los precios ofertados por cada proponente y la calificación de la parte técnica. Por motivo de que existen varias modalidades de licitación pública, cada informe se debe ajustar a lo establecido por Ley acorde a cada tipo de proceso de selección de contratista. El informe de la comisión evaluadora debe ser publicado en el portal de “PanamáCompra”.

     

    El nuevo aspecto introducido mediante Ley 153 de 2020 para las acciones de reclamo contra el informe de la comisión evaluadora es que, como primer paso, el proponente debe presentar un informe de observaciones ante la entidad licitante, exponiendo sus motivos de inconformidad resultante del informe de la comisión, antes de presentar la acción de reclamo ante la DGCP. La presentación del nuevo informe de observaciones es un requisito previo, establecido por Ley, para poder tener derecho a interponer la acción de reclamo. Incluso se agregó entre los requisitos para presentar una acción de reclamo, incluir constancia de la presentación del informe de observaciones ante la entidad licitante.

     

    En los actos de selección de contratistas como las licitaciones públicas y licitaciones públicas por mejor valor, los proponentes cuentan con tres (3) días hábiles, contados a partir de fecha en que sea publicado electrónicamente el informe de evaluación en el portal “PanamáCompra”, para presentar el informe de observaciones ante la entidad licitante. Acto seguido a su presentación, la entidad licitante cuenta con dos (2) días hábiles para decidir si ordena un nuevo informe parcial o total a la misma comisión evaluadora. Si al transcurrir el tiempo, la entidad no emite decisión, se da por entendido que el informe de la comisión ha sido aceptado por esta, pudiendo adjudicar o declarar desierto el acto de selección de contratista en un término de dos (2) días.

     

    En el caso que la entidad admita el informe de observaciones, la entidad debe publicar un informe motivado fundamentando y ordenando un nuevo análisis parcial o total del informe objeto de la licitación pública.

     

    Bajo la Ley únicamente se podrá interponer una acción de reclamo contra el informe de la comisión evaluadora siempre que no se haya adjudicado el contrato objeto del proceso de selección ni el mismo se haya declarado desierto o cancelado. La DGCP cuenta con cinco (5) días con derecho a prórroga de tres (3) adicionales para resolver el recurso.

     

    En el evento de que se emita un nuevo informe de evaluación ordenado por la DGCP, no se admitirá acción de reclamo, salvo que dicho informe (el “Nuevo Informe”) haya sido emitido en contravención de los previamente ordenado por la DGCP, y solamente se van a analizar los puntos controvertidos en este nuevo informe.

     

    La Ley 153 de 2020 establece como nuevo requisito para interponer una acción de reclamo contra el Nuevo Informe, la presentación de una fianza de acción de reclamo por el 10% del precio de referencia del acto público. En el caso de actos públicos de convenio marco, el monto de la fianza de acción de reclamo será establecido en el pliego de cargos, el cual no puede ser inferior a quinientos mil dólares (US$500,000.00) por Ley.

     

    Cabe destacar que el proponente beneficiado por el informe de evaluación que haya precedido al Nuevo Informe no requiere presentar la fianza antes descrita al momento de interponer la acción de reclamo contra el Nuevo Informe.

     

    La resolución que resuelve una acción de reclamo no admite recurso alguno por la vía gubernativa y surte efecto a partir del día hábil siguiente a su publicación en el portal de “PanamáCompra”.

    Protección de Datos Personales en Panamá

    ¿Conoce sus derechos con respecto al uso de sus datos personales? Si dispone de una base de datos, ¿conoce sus obligaciones en materia de protección de datos? Conozca los aspectos más importantes de la Ley de Protección de Datos de Panamá y obtenga las respuestas a estas preguntas.

     

    Por: Fernando González-Ruiz M. y Mariela de la Guardia Oteiza.

     

    Cada vez que realizamos compras en línea, solicitamos algún servicio o vamos a una cita médica, proporcionamos nuestros datos personales.  Pero, ¿estamos seguros de que esa información que estamos brindando se le está dando el trato adecuado para asegurar que la misma no sea mal utilizada o que sea utilizada para otros propósitos que nosotros no autorizamos?

     

    Toda persona debe tener claro cómo se están recolectando, utilizando o tratando sus datos personales, así como saber qué hacer cuando se produce una filtración de ellos o cuando estos están siendo mal utilizados.

     

    Igualmente, las compañías deben tener claro, entre otras cosas, , la manera en que deben conservarlos, saber  que su sistema brinda las garantías de protección a la confidencialidad adecuadas,  y quiénes son los responsables de proteger esa información dentro de la empresa.

     

    Es por esto que muchos países se encuentran impulsando leyes relacionadas con la Protección de Datos Personales, adaptando estas normas a los nuevos cambios tecnológicos, como es el caso de la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés), que marcó un precedente dentro de estas normas.

     

    De igual forma, en Latinoamérica, países como Argentina, Colombia, Brasil, Perú y México han empezado o a modificar sus leyes de Protección de Datos Personales, con el fin de cumplir con los estándares impuestos por la Unión Europea con el GDPR, o a desarrollar nuevas leyes sobre la materia.

     

    En el caso de Panamá, no contábamos con una ley especifica que regulara la Protección de Datos Personales, solo contábamos con disposiciones generales sobre la materia, como la Constitución Nacional, la Ley 68 del 2003 que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información , la Ley 24 del 22 de mayo del 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito , entre otras leyes especiales.

     

     La ausencia de una Ley especial sobre Protección de Datos Personales, dejaba un gran vacío en nuestra legislación sobre el tema de cómo se debe tratar adecuadamente la información personal de nuestros ciudadanos y que brindara una protección real a nuestra vida privada y demás derechos y libertades fundamentales.

     

    Es por esto que, el 26 de marzo del 2019, se aprobó la Ley 81 sobre Protección de Datos Personales, la cual empezó a regir a partir del 29 de marzo del 2021.  Esta Ley establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales en nuestro país.

     

    ¿Pero qué es un Dato personal?

    Se define el dato personal como cualquier información concerniente a personas naturales, que las identifica o hace identificables.

     

    Algunos de los aspectos más importantes de esta nueva ley panameña son los siguientes:

    ¿A quién le aplica la Ley de Protección de Datos de Panamá?       

    A diferencia del GDPR , que tiene un alcance extraterritorial, nuestra ley sólo aplica a las bases de datos que se encuentren en el territorio de la República de Panamá que almacenen o contengan datos personales de nacionales o extranjeros o a los responsables del tratamiento de datos que estén domiciliados en el país.

     

    ¿Qué excepciones aplican?

    Existen excepciones al ámbito de aplicación de la Ley, para aquellos datos que expresamente se encuentren regulados por leyes especiales o por normativas que las desarrollen.

    Dentro de las excepciones se encuentran:

    1. Los que realice una persona natural para actividades exclusivamente personales o domésticas.
    2. Los que realicen autoridades competentes con fines de prevención, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.
    3. Los que se efectúen para el análisis de inteligencia financiera relativos a la seguridad nacional.
    4. Cuando se trata de tratamiento de datos relacionados con organismos internacionales en cumplimiento de tratados o convenios internacionales

     

    ¿Cuándo podrá realizarse el tratamiento de Datos Personales?

    El tratamiento de datos personales, podrá realizarse cuando se cumplan las siguientes condiciones:

    1. Que se obtenga el consentimiento del titular.
    2. Que el tratamiento de los datos sea necesario para la ejecución de una obligación contractual.
    3. Que el tratamiento de los datos sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal.
    4. Que el tratamiento de los datos personales este autorizado por una ley especial o las normativas que lo desarrollan.

    Según nuestra ley, es de suma importancia que la persona que da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, esté debidamente informada del propósito del uso de sus datos. Igualmente, este consentimiento debe obtenerse de tal manera que permita su fácil trazabilidad, mediante documentación, sea electrónica o mediante cualquier otro mecanismo que sea adecuado.

     

    ¿Qué se considera como Datos Sensibles?

    Los datos sensibles son los que hacen referencia a la esfera íntima del titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para este, como su origen racial, convicciones religiosas,  opiniones políticas, datos relativos a la salud, a la vida, a la orientación sexual, ldatos genéticos o biométricos, entre otros.

    Los datos sensibles no pueden ser objeto de transferencia sin el debido consentimiento del titular.

     

    ¿Cuáles son las responsabilidades de los encargados del tratamiento de los Datos Personales en Bases de Datos?

    Dentro de las responsabilidades de los encargados del tratamiento de los Datos personales está la de establecer los protocolos, procesos y procedimientos de gestión y transferencia segura que protejan los derechos de los titulares de los datos.  

     

    ¿Qué derechos tienen los titulares de los Datos Personales?

    Dentro de los derechos que tienen los titulares de los Datos Personales mencionados en esta ley, están el Derecho al Acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición y de portabilidad de sus datos.

     

    ¿Cuáles son las Infracciones y sanciones que impone esta nueva Ley?

    Las infracciones serán consideradas como leves, graves o muy graves y las sanciones pueden ser, desde una citación ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), que es el ente regulador de estos temas, hasta la suspensión e inhabilitación de la actividad de almacenamiento y/o tratamiento de Datos Personales.

    La ley establece que la ANTAI fijará los montos de las sanciones aplicables y proporcionalmente a la gravedad de las faltas que se establecerán desde mil ($1,000.00) hasta diez mil dólares ($10,000.00).

     

    Recomendaciones

    Para finalizar, hacemos algunas recomendaciones básicas que las organizaciones o empresas que diariamente se dedican a recolectar datos personales de sus clientes, deben tener presente:

    • Que cuentan con el consentimiento previo, informado e inequívoco del titular de los datos a recolectar y que estos sean recolectados para la finalidad para la que son requeridos.
    • Si se le va a dar otro uso a estos datos, se debe obtener nuevamente el consentimiento del titular. Esto podría aplicar a empresas que tienen varias líneas de negocios o son parte de una gran empresa que cuenta con diferentes razones sociales para diferentes tipos de negocios.
    • Que adopten las medidas técnicas para garantizar la seguridad de los datos bajo su custodia e informar lo más pronto posible a los titulares cuando los datos hayan sido vulnerados.
    • Revisar los términos y condiciones y política de privacidad de la página web de la empresa, así como sus políticas de cookies, para asegurarse de que son lo suficientemente claras para los usuarios.

    Estos son solo algunos de los puntos que se mencionan en esta nueva Ley de Protección de Datos que empieza a regir en Panamá a finales de marzo de 2021.

     

    *Este artículo se publicó originalmente en la Edición 80 de la Revista Marcasur.