Normativas COVID-19: Preguntas frecuentes sobre el estatus migratorio de trabajadores extranjeros

Ayleen QuinteroPor Ayleen Quintero – Asociada

 

Ante la situación que atraviesa nuestro país, el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral han adoptado medidas que tienen como objetivo la prevención de la propagación del COVID-19.

 

Con base en estas normativas y en atención a las interrogantes más frecuentes que tienen las empresas, expatriados y sus familiares, y demás trabajadores extranjeros, hemos preparado una guía de consultas frecuentes.

 

¿Cuál será la validez de los carnés migratorios tanto de trámite como los aprobados?

Todos los carnés que venzan, incluyendo los de trámite y todos los aprobados en general, estarán válidos hasta el treinta (30) de abril de 2020, siempre que dicho vencimiento se haya dado a partir del trece (13) de marzo de 2020 en adelante.

 

¿Cuál será la validez de los carnés de permiso de trabajo aprobados?

Todos los carnés de permiso de trabajos aprobados estarán válidos hasta el treinta (30) de abril de 2020, siempre que el vencimiento se haya dado a partir del doce (12) de marzo de 2020 en adelante.

 

¿Qué sucede si logré notificarme de mi Resolución aprobada, más no cuento con el carné correspondiente?

En los casos de la Resolución emitida por el Servicio Nacional de Migración:

Sin importar que no se haya obtenido el respectivo carné aprobado, la resolución notificada ampara al extranjero durante la vigencia de la misma y si venciere durante este periodo, su vigencia se extenderá hasta el treinta (30) de abril o los días adicionales que establezcan las autoridades.

 

En los casos de la Resolución emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral:

De igual manera, a pesar que no se haya obtenido el respectivo carné aprobado del permiso de trabajo, la resolución notificada amparará al extranjero durante la vigencia de la misma y si venciere durante este periodo, se entiende que su vigencia se extenderá hasta el treinta (30) de abril o los días adicionales que establezcan las autoridades.

 

¿Qué sucede si cuento con Resolución emitida, pero no pude notificarme de la misma?

En los casos de la Resolución emitida por el Servicio Nacional de Migración:

El carné de trámite estará vigente hasta el treinta (30) de abril de 2020, o por el tiempo que determinen extenderlo nuevamente las autoridades.

Una vez culminado el periodo de extensión de la vigencia, el extranjero podrá notificarse.  En caso que el extranjero no se haya notificado de su Resolución pasado el periodo de extensión concedido por las autoridades,  entraría a regir la multa por vencimiento por motivo del carné de trámite vencido, la cual es de cincuenta balboas (B/.50.00) por cada mes vencido. Los meses vencidos se contarían a partir de la última fecha de extensión establecida en las normativas, esto es sin perjuicio de que las autoridades puedan determinar un tratamiento distinto más adelante.

 

En los casos de la Resolución emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral:

Las Resoluciones que aprueban un permiso de trabajo, de las cuales el interesado no se haya notificado, no se encuentran vigentes, por lo tanto, para efectos de su estatus migratorio laboral, amparará al trabajador extranjero la vigencia del permiso de trabajo anterior hasta el treinta (30) de abril o la fecha de vigencia que determinen las autoridades, siempre y cuando su permiso de trabajo anterior haya vencido a partir del doce (12) de marzo en adelante.

 

Toque de queda y documento de identidad a portar

Sin importar el estatus migratorio, todos los extranjeros tienen derecho a utilizar su pasaporte en los horarios establecidos por las autoridades en atención al toque de queda total decretado.  Dado que el último número del pasaporte determinará el horario en que el extranjero podrá salir de su domicilio, aquellos pasaportes que terminen en letras, deberán referirse al número inmediatamente anterior a dicha letra.

En caso que el extranjero cuente con resolución, recomendamos portar una copia consigo.

 

De tener alguna consulta sobre esta nueva ley, comuníquese con su abogado o envíenos un correo electrónico a igranet@icazalaw.com.

Normativas COVID-19: Medidas establecidas para Propiedades Horizontales en Panamá

Ricardo Alberto Ceballos G.Por Ricardo Alberto Ceballos – Asociado

 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), por medio de comunicado con fecha del 25 de marzo del 2020, les avisa a los administradores de propiedades horizontales que, mientras dure la emergencia nacional, no podrán suspender los servicios básicos e insta a los miembros de las Juntas Directivas a ser solidarios y flexibles con el pago de las cuotas de gastos comunes, a suspender los recargos por mora y fomentar posibles arreglos de pagos con aquellos propietarios que se están viendo afectados económicamente por la cuarentena nacional.

 

Sin embargo, la Ministra a través de dicho comunicado, hace declaraciones de lo importante que es que los propietarios sigan cumpliendo con el pago de las cuotas, de tal manera que la propiedad horizontal pueda seguir funcionando adecuadamente.

 

La Ministra igualmente aclara su comunicado a través de la página oficial del MIVIOT, que el comunicado del Ministerio  se basa en recomendaciones, ya que es la Junta Directiva, en estos momentos, la única que puede tomar decisiones en representación de la Asamblea de Propietarios, por lo que se recomienda en estos tiempos de crisis que las decisiones a tomar por las Juntas Directivas se hagan en beneficio de la propiedad horizontal con el fin de que los edificios o urbanizaciones sujetas del Régimen de Propiedad Horizontal puedan seguir haciendo frente a sus obligaciones con sus proveedores y que su funcionamiento no se vea afectado, como en el caso específico de la seguridad privada y mantenimiento de elevadores, etc.

 

En conclusión, son las Juntas Directivas en estos momentos las que pueden adoptar medidas tendientes a preservar la salubridad y seguridad ante la emergencia nacional que vive el país y ante las medidas ya establecidas por el Estado Panameño que restringen las aglomeraciones, como se puede dar en reuniones de Asamblea de Propietarios.

Panama Flag 3D Rendering on Blue Sky Building Background

Panamá implementa Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas

El 20 de marzo de 2020, Panamá promulgó la Ley N ° 129 que crea el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas.

La ley aprobó el traslado de la custodia de la información sobre la identidad de los Beneficiarios finales de las personas jurídicas existentes a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes serán responsables de la administración del nuevo sistema. Antes de adoptada la Ley ya existía la obligación por parte de los Agentes Residentes de identificar a los Beneficiarios Finales de todas las entidades para las cuales prestaban sus servicios.

A continuación, podrá encontrar un resumen de las obligaciones y acciones necesarias para cumplir con las nuevas regulaciones.

 

¿Quién es el beneficiario final?

La Ley tipifica como Beneficiario Final de una entidad, en términos generales, a la persona o personas naturales que:

  • directa o indirectamente, posean o controlen el 25% o más de las acciones o derechos de voto en la persona jurídica,
  • quien posea, controle y/o ejerza influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual y/o de negocios, o
  • la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realice una transacción, lo cual incluye, también, a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica.

 

¿Qué información se registrará sobre los beneficiarios finales?

Los Agentes Residentes deberán registrar en el sistema la siguiente información mínima sobre los Beneficiarios Finales, la cual ha debido recabar durante su proceso de debida diligencia y que tienen que conservar en sus archivos, así como la actualización de la misma:

  • nombre completo,
  • número del documento de identificación personal,
  • fecha de nacimiento,
  • nacionalidad,
  • dirección,
  • fecha desde que se tiene la condición de Beneficiario Final de la entidad, y
  • actividad principal de la persona jurídica.

Dicha información deberá ser alimentada en el sistema dentro de un término máximo de 30 días hábiles siguientes a la constitución de la persona jurídica, de la designación de un nuevo agente residente, o desde que se produzca algún cambio en la información previamente registrada. El Agente Residente está en obligación de renunciar si el cliente no le suministra la información que le requiera para completar su debida diligencia dentro del plazo antes indicado.

 

¿Por cuánto tiempo se mantendrá la información en el sistema?

La información suministrada por el Agente Residente permanecerá en el sistema durante la vigencia de la persona jurídica y por no menos de cinco años después de la inscripción de la disolución de esta en el Registro Público de Panamá.

 

¿Quién podrá solicitar una búsqueda en el sistema?

Solo las entidades públicas de investigación panameña expresamente autorizadas por la Ley, a saber,

  • la Unidad de Análisis Financiero,
  • el Ministerio Público,
  • el Ministerio de Economía y Finanzas,
  • la Superintendencia de Bancos, y
  • la Superintendencia del Mercado de Valores,

podrán solicitar a la Superintendencia conocer la información sobre los Beneficiarios Finales siempre que se presente una solicitud formal por razón de casos específicos en procesos de investigación de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y armas de destrucción masiva, o de asistencias en virtud de tratados o convenios internacionales suscritos por Panamá.

Además, la Ley prohíbe la adopción de medidas cautelares o de diligencias exhibitorias en casos de procesos judiciales entre particulares, por lo que un tercero no podrá tener acceso, ni obtener dicha información, como resultado de disputas legales.

 

Seguridad y confidencialidad

La Superintendencia conservará la información en una base de datos de acceso restringido, y solo ejercerá la función de custodia, conservación y acceso de la información que reciba de los Agentes Residentes, de manera que no realiza funciones de investigación, ni permitirá que terceros tengan acceso a dicha información.

Únicamente los Agentes Residentes y funcionarios designados podrán acceder a la información en la base de datos.

 

Obligaciones del Agente Residente

El sistema está concebido para que sean los Agentes Residentes quienes alimenten directamente la información a la base de datos de la Superintendencia. El Agente Residente es responsable por registrar la información en el Sistema Único y de mantener actualizada toda la información que haya registrado. De igual forma, deberá llevar a cabo las debidas actualizaciones en un término máximo de treinta días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la información.

 

A partir de la promulgación de la Ley, los Agentes Residentes tendrán un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que la Superintendencia comunique que se encuentra habilitada la base de datos para su acceso.

 

Con la adopción de esta legislación, Panamá implementa una plataforma tecnológica ya utilizada y probada por otros países competidores, lo que nos pone a la vanguardia con las nuevas tendencias de transparencia corporativa que brindan un adecuado balance entre el deber de conocer, y evitar abusos del sistema corporativo, manteniendo un alto grado de confidencialidad para quienes utilicen las personas jurídicas para fines comerciales, sucesorios o de planificación patrimonial que no sean ilegales.

 

De tener alguna consulta sobre esta nueva ley, comuníquese con su abogado o envíenos un correo electrónico a igranet@icazalaw.com.

Respuesta ante el COVID-19

Nuestra firma está comprometida con asegurar la salud y el bienestar de nuestros clientes, colaboradores y asociados a medida que monitoreamos de forma cercana la situación relacionada con el virus COVID-19. En estos momentos todas las oficinas de Icaza, Gonzalez-Ruiz & Alemán han implementado nuestro plan de continuidad del negocio para garantizar la prestación de nuestros servicios, mientras mitigamos riesgos para nuestro personal, tomando las precauciones apropiadas según las recomendaciones de las autoridades de salud locales.

 

Con este fin, nuestros abogados y personal están preparados para trabajar de forma remota, permaneciendo accesibles durante las horas regulares de trabajo por correo electrónico y por teléfono. Al mismo tiempo, nuestra oficina central operará en un horario especial de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

 

A medida que evoluciona la situación, nos mantenemos preparados para adoptar nuevas medidas para continuar operando y garantizar la menor afectación en nuestros servicios, las cuales serán informadas en su momento.

 

De tener alguna consulta sobre cómo continuaremos ofreciendo nuestros servicios durante este periodo, favor contacte a su abogado o envíenos un correo electrónico a igranet@icazalaw.com.

Amnistía Tributaria General en Panamá

Recientemente se aprobó mediante Ley 99 de 11de octubre de 2019 amnistía tributaria que concede la condonación de los intereses, recargos y multas de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) morosos y adeudados por contribuyentes, así como las multas por declaraciones tardías u omisas de impuestos que sean competencia de la Dirección General de Ingresos.

Podrán acogerse los contribuyentes naturales, jurídicos y los bienes inmuebles con impuestos causados y morosos de pago al 30 de junio de 2019. Por tanto, quedan recogidos en la ley de amnistía:

  1. Quienes mantengan arreglos de pago a la fecha de entrada en vigencia de la ley;
  2. Contribuyentes, agentes retenedores y demás personas responsables de tributos;
  3. Contribuyentes, con procesos pendientes, previo desistimiento para luego cumplir con el pago de la obligación.

Esto no incluye procesos por evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal.

La amnistía condonará proporcionalmente en los periodos siguientes: (*)

  1. Condona al  100%    ………………..    octubre y noviembre 2019     
  2. Condona al    95%    ………………..    diciembre 2019
  3. Condona al    90%    ………………..    enero 2020                                 
  4. Condona al    85%    ………………..    febrero 2020

Los informes que se detallan a continuación y que debieron ser presentados hasta el 30 de junio de 2019 quedan exentos de sus respectivas multas:

  1. Informe de donaciones recibidas
  2. Informe de contribuyentes no declarantes (ONG) F-27
  3. Informe de planillas 03-F3
  4. Informe de fondo de jubilaciones, pensiones y otros beneficios F-40
  5. Informe de aseguradoras-certificación de gastos médicos por asegurado F-41
  6. Certificación de intereses sobre préstamos hipotecarios residentes sin interés preferencial F-42 
  7. Informe de compras e importaciones de bienes y servicios F-43
  8. Informe de ventas con tarjetas de crédito (VTD) F-44
  9. Informe de precios de transferencia F-930
  10.   Declaración jurada de remesas al exterior presentadas por empresas SEM y por empresas en Panamá Pacífico.
  11.   Cualquier otra declaración jurada, omisa o informe.

Quienes se acogieron a un convenio o arreglo de pago con anterioridad a esta ley podrán desistir de éste y acogerse a los beneficios de la ley. De igual manera, podrán hacer convenio de pago abonando el 25% del impuesto nominal y les serán condonados los recargos, intereses y multas en la misma proporción y periodicidad que en la sección arriba indicada. (*) No obstante, el arreglo de pago no podrá exceder el plazo del 30 de junio de 2020.

Las deudas tributarias ya prescritas serán aplicadas en la solicitud de acogimiento a la moratoria previa solicitud del contribuyente al momento de cancelar sus deudas a través de la página web, personalmente o con apoderado.

Quedan incluidas las multas por declaración tardía de las mejoras hechas a un bien inmueble, si se presenta en la ANATI la escritura pública con las mejoras declaradas e inscritas en el Registro Público.

Todo trámite deberá ser gestionado con el NIT o a través de apoderado legal.

 

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Programa “Fast Pass” para ciudadanos panameños

En la Gaceta Oficial 27593 de 5 de agosto de 2014, fue publicada la Resolución N°23373 de 30 de julio de 2014, por la cual el Servicio Nacional de Migración de Panamá da inicio al programa denominado “Migración Fast Pass”, cuyo propósito es darle celeridad a la entrada de todos los panameños a su retorno al país.

El único requisito formal para pertenecer al programa es el de ser de nacionalidad panameña, sin requisito de edad, y bastará con ingresar al portal www.migracionfastpass.gob.pa para proporcionar sus datos generales y así quedar registrado  en el programa.

Aquellos panameños que ingresen a “Migracion Fast Pass”, contarán con el beneficio que éste otorga por un período renovable de cinco (5) años.

Los panameños que pertenezcan al programa podrán utilizar, a su regreso al país, terminales automatizadas que estarán ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en otros aeropuertos dentro del territorio nacional. En estas terminales, el viajero podrá realizar todo su proceso migratorio.

Viajar con Mascotas hacia Panamá

Todo viajero que desee traer su mascota a la República de Panamá podrá hacerlo, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la Ley 23 del 15 de julio de 1997, ley que faculta al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para reglamentar este tema.

Todos los dueños que introduzcan sus mascotas (perros y gatos) al territorio panameño, deberán aportar la siguiente documentación:

  1. Certificado de Vacunación  (Rabia, Distemper, Parvovirus, Leptospirosis, Hepatitis)
  1. Certificado de buena salud expedido por el veterinario tratante

    Ambos documentos deben ser autenticados por el Cónsul de Panamá en el país de origen o acotados con la apostilla.

El propietario de la mascota deberá notificar, con tres (3) días de anticipación, la llegada de la mascota, mediante un formulario denominado “Solicitud de Cuarentena Domiciliaria.”  Este formulario se puede obtener dando click aquí.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el viajero deberá presentarle la documentación descrita anteriormente a un representante del Ministerio de Salud, en las oficinas ubicadas en el área de aduana. Ahí deberá pagar lo siguiente:

  1. US$130.00 por cada animal, que corresponde al costo del trámite de la cuarentena domiciliaria. Este pago debe ser en efectivo.
  2. US$1.00 por el Formulario para solicitud de licencia.
  3. US$5.00 por la Licencia Fitozoosanitaria.
  4. US$10.00 por la Inspección Veterinaria.

Es deber de las compañías de transporte, ya sean terrestres, marítimas o aéreas, el exigir a las partes interesadas (dueños de las mascotas) todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En caso de no cumplir con esta exigencia, las compañías de transporte serán multadas. Estas multas varían entre los US$100.00 hasta los US$100,000.00, dependiendo de la gravedad de la falta, los daños que se ocasionen, agravantes o atenuantes de la infracción, repercusión social y económica, así como reincidencia del infractor.

Nuevas Regulaciones Migratorias

En la Gaceta Oficial No. 27,636-A del 6 de octubre de 2014 se publicó el Decreto Ejecutivo 534 de 3 de octubre de 2014, que reglamenta el régimen migratorio especial establecido por la Ley 32 de 5 de abril de 2011.  La mencionada Ley establece un Régimen Especial, Integral y Simplificado para el establecimiento y operación de Zonas Francas, incluyendo en su Capítulo VII, disposiciones especiales que rigen la materia migratoria para los extranjeros que requieran solicitar Visas o Permisos de Residencia amparados bajo esta Ley.

La Ley 32 de 2011 creó nuevas sub-categorías migratorias tales como: Permiso de Residente Permanente en calidad de Inversionista de Zonas Francas; Permiso de Residente Temporal en calidad de Personal de confianza, ejecutivo, experto y/o técnico de Empresas autorizadas como Promotoras u Operadoras de Zonas Francas o por Empresas establecidas en las Zonas Francas; Permiso Temporal por Políticas Especiales en calidad de Docente, Estudiante o Investigador de un Centro de Educación Superior en una Zona Franca; Visa de corta Estancia en calidad de Comerciante e Inversionista de Zonas Francas; entre otras.   Estas nuevas categorías constituyen el objeto de reglamentación del Decreto 534 en mención, el cual contiene veinte (20) artículos que desarrollan los requisitos y procedimientos aplicables para la solicitud o prórroga de cada una de ellas.  Este tipo de régimen migratorio especial se ha venido utilizando desde hace algunos años como parte de los incentivos incluidos en leyes especiales para atraer a inversionistas y empresas a fin de que establezcan sus operaciones en diversos sectores de nuestro país, tal es el caso de los regímenes migratorios especiales incluidos dentro de la Ley que creó el Área Económica Especial Panamá- Pacífico y la Ley para el Establecimiento y Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), entre otras.

En este mismo orden de ideas, debemos hacer mención del Decreto Ejecutivo 535 de 3 de octubre de 2014, publicado en la misma Gaceta Oficial, el cual establece requisitos y procedimientos especiales para aquellos extranjeros de nacionalidades restringidas cuyo objeto es residir en nuestro país con la finalidad de invertir o laborar para empresas adscritas al Área Económica Especial Panamá- Pacífico (Ley 41 de 2004), Régimen Especial de Sedes de Empresas Multinacionales (Ley 41 de 2007) o Régimen Especial de Zonas Francas (Ley 32 de 2011).

El citado Decreto deroga el Decreto Ejecutivo 414 de 13 de junio de 2012, el cual permitía que los extranjeros de nacionalidades restringidas, que aplicaran a una Visa o Residencia Temporal amparadas bajo las categorías contempladas dentro de las leyes especiales que regulan el Área Económica Especial Panamá- Pacífico y el Régimen Especial de Sedes de Empresas Multinacionales, no requirieran de la recomendación previa de aprobación del Consejo de Seguridad de la República de Panamá.

En este sentido, el Decreto Ejecutivo 535 de 2014, primordialmente mantiene este beneficio, extendiéndolo a aquellos extranjeros que requieren aplicar a una categoría migratoria establecida dentro de la Ley que regula el Régimen Especial de Zonas Francas, incentivando así, una vez más, la inversión extranjera.

Certificado de Residencia Fiscal

La Ley 33 de junio de 2010, modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 2012, la Resolución No. 201-10860 de 26 de agosto de 2013 y el Decreto Ejecutivo No. 958 de 7 de agosto de 2013, regulan en Panamá el tema de la Residencia Fiscal.

En nuestro país,  los certificados de residencia fiscal, en principio solo son aplicables  a residentes de países con los que Panamá ha suscrito Tratados para evitar la Doble Tributación.  Actualmente, estos países son: México, Barbados, Qatar, España, Luxemburgo, Holanda, Singapur, Francia, Corea, Portugal, Irlanda, República Checa, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

De acuerdo con la legislación vigente, las personas naturales y jurídicas deberán limitarse a probar su residencia fiscal con base en pruebas que se encuentren normadas y debidamente reconocidas por la Autoridad.

La persona jurídica podrá probar de dos (2) maneras su residencia fiscal en Panamá, demostrando lo siguiente:

  1. Que tiene medios de dirección y administración en la República de Panamá.
  2. Que cuenta con un Aviso de Operaciones vigente.

En el caso de la persona natural, se puede obtener el certificado de residencia fiscal, probando cualquiera de los siguientes supuestos:

  1. Que se mantienen intereses económicos en Panamá, aportando una carta de trabajo original emitida por una persona idónea de la empresa empleadora del extranjero.  En el caso de inversionistas independientes, se deberá aportar copia de la declaración jurada de rentas en Panamá y probar que el solicitante ha permanecido en territorio panameño por más de 183 días alternos o corridos durante un año fiscal o en el año inmediatamente anterior.
  2. Que se mantiene un centro de intereses vitales de la persona en el país, demostrando haber establecido su vivienda principal en el territorio panameño con un contrato de arrendamiento o una escritura de propiedad, y aportando una factura por servicio de primera necesidad (agua, luz, teléfono) a nombre de quien solicita el certificado.

Una vez la persona natural haya probado ante la Autoridad Competente que tiene su residencia fiscal en el territorio panameño, la Dirección de Tributación Internacional emitirá una resolución junto con el certificado, donde se confirma que la misma es sujeto de imposición fiscal en Panamá y podrá mitigar la doble imposición en el otro país contratante presentando el certificado ante las autoridades correspondientes.

Pueden ustedes contactarnos para ampliar la información correspondiente, así como para que les detallemos los requisitos exigidos por nuestra legislación para solicitar un Certificado de Residencia Fiscal.

Pasos Esenciales – MIGRACIÓN

Pasos Esenciales para la solicitud de una categoría migratoria

  • Solicite su certificado de antecedentes penales. El certificado de antecedentes penales es un documento que necesitará para cualquier categoría migratoria por la cual desee optar. Usted podrá solicitarlo en su país de nacimiento o en el país en el cual reside actualmente (en este caso, también tendrá que aportar copia del documento de identidad que prueba su residencia en dicho país). Si usted es nacional o residente de Estados Unidos deberá aportar el certificado emitido por el FBI, de igual forma, si usted es nacional o residente de México, deberá solicitar el documento en las agencias de la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Gobernación únicamente en el Distrito Federal. Pregunte en su país, sobre la vigencia y tiempo de procesamiento del certificado de antecedentes penales, para que el mismo esté vigente al momento en que tenga planeado solicitar su residencia en Panamá. Este documento debe venir apostillado o legalizado por el Consulado de Panamá en el país de emisión.
  • Asegúrese de que los documentos de su familia estén completos. Si su intención es incluir a sus dependientes dentro de la solicitud de residencia, solicite con tiempo los certificados de matrimonio y nacimiento de sus hijos. Si alguno de los hijos menores de edad, es hijo de uno de los cónyuges exclusivamente, deberá aportar prueba de que el padre responsable posee la custodia y carta de autorización del padre biológico para que el menor resida en Panamá. Todos estos documentos deberán venir apostillados o legalizados.
  • Asesórese con un abogado antes de tomar decisiones.  Antes de tomar la decisión de residir en Panamá temporal o definitivamente, busque la asesoría de abogados con experiencia y trayectoria a fin de que le recomienden las opciones que más su ajusten a su situación actual. En Icaza, González–Ruiz & Alemán contamos con un equipo de abogados expertos en esta materia que le guiarán desde el inicio hasta el final de todo el proceso migratorio.

Contacte a nuestros especialistas 

  • Ana Graciela Medina – anagm@icazalaw.com
  • Ayleen Quintero – ayleenq@icazalaw.com
  • Diego Alemán – diegoa@icazalaw.com