Shot of an Electronics Factory Workers Assembling Circuit Boards by Hand While it Stands on the Assembly Line. High Tech Factory Facility.

Ley 159 del 31 de agosto de 2020 – EMMA

RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MANUFACTURA (EMMA)
Ley 159 del 31 de agosto de 2020

 

Con el objeto de atraer y promover las inversiones en procesos productivos, generar empleos y la transferencia de tecnología, de igual manera para posicionar a la República de Panamá en un mercado competitivo en la economía global, el Gobierno de la República de Panamá ha promulgado la Ley 159 del 31 de agosto de 2020 publicado en la Gaceta Oficial No. 29103-A del 1 de septiembre de 2020, el nuevo Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (en adelante “EMMA” o “Licencia EMMA”).

 

¿Qué es EMMA?

Es una licencia emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias para las Empresas Multinacionales ya sea extranjera o nacional que desde Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servicios definidos en la Ley y que mencionamos a continuación, a su casa matriz o a sus subsidiarias o a sus filiales o a compañías asociadas a dichas entidades del mismo grupo.

La presente Ley tendrá aplicación únicamente en el territorio panameño y sólo se aplica a operaciones de las Empresa Multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura. La Licencia EMMA se otorgará de manera indefinida.

 

Servicios que pueden brindar las Empresas Multinacionales bajo Licencia EMMA:

  1. Servicios relacionados con las manufacturas de productos, maquinaria y equipo, prestados a empresas del grupo empresarial.
  2. Servicios de ensamblaje de productos, maquinaria y equipo, prestados a empresas del grupo empresarial.
  3. Servicios de mantenimiento y reparación de productos, maquinaria y equipo prestado a empresas del grupo empresarial.
  4. Servicios relacionados con la remanufactura de productos, maquinaria y equipo prestados a empresas del grupo empresarial.
  5. Servicios relacionados con el acondicionamiento de productos prestados a empresas del grupo empresarial.
  6. Servicios de desarrollo de productos, investigación o innovación de productos o procesos existentes prestados al grupo empresarial.
  7. Servicios de análisis, laboratorio, prueba u otros relacionados con la prestación de servicios relacionados con la manufactura, prestados a empresas del grupo empresarial.
  8. Servicios de logística como el almacenaje, despliegue y centro de distribución de componentes o partes, requeridos para la prestación de los servicios relacionados a la manufactura.
  9. Cualquier otro servicio análogo aprobado previamente por el Consejo de Gabinete mediante resolución motivada, siempre que cumpla con los preceptos enunciados en la presente ley.

 

Requisitos que deben presentar las empresas para obtener la Licencia EMMA:

  1. Los activos de la empresa multinacional.
  2. Los lugares o las empresas filiales, casa matriz o subsidiarias de operación de las empresas multinacional.
  3. Las actividades u operaciones comerciales o industriales que realiza la empresa.
  4. La cotización de acciones en bolsa de valores o internacionales.
  5. El mínimo de empleados a tiempo completo y los gastos operativos anuales de la empresa multinacional en la República de Panamá. En ambos casos deberán ser adecuados a la naturaleza del negocio llevado a cabo por las empresas.
  6. Cualquier otro elemento o información que la Comisión considere conveniente establecer y evaluar como requisito pertinente y necesario, con el objeto de promover una adecuada utilización del régimen.

 

Obligaciones de las empresas con licencia EMMA:

  1. Presentar a la Secretaria Técnica de la Comisión de Licencias de Empresas Multinacionales, un informe anual que contenga las estadísticas concernientes a sus operaciones dentro del territorio nacional.
  2. La obligación, en caso dado, de comunicar de inmediato a la Secretaria Técnica de la Comisión de Licencias de Empresas Multinacionales cualquier cambio en el status de sus operaciones en el país y de su persona.
  3. Prestar servicios relacionados con la manufactura únicamente al Grupo Empresarial al que pertenece, en atención a las actividades permitidas mediante la Ley.
  4. Operar en la República de Panamá como una empresa extranjera inscrita en Panamá o como una empresa panameña propiedad de la empresa multinacional, de sus subsidiarias o de sus afiliadas.

Es importante mencionar que no se considerará una empresa con licencia EMMA a aquella que brinde directamente servicios a clientes o a empresas distintas o ajenas a su Grupo Empresarial.

 

Actividades adicionales de empresas EMMA.

Si una empresa con licencia EMMA desea realizar en la República de Panamá actividades adicionales conforme al Régimen de Empresas Multinacionales (Ley 41 de 2007) podrá solicitar a la Secretaría Técnica tomar en cuenta toda la documentación e información que ya reposa en el expediente de las empresas multinacional para la prestación de servicios relacionados con la manufactura, con el objeto de procurar un proceso de autorización expedito.

En vista que se trata de regímenes diferentes, deberán llevar una contabilidad de manera separada, además de los requisitos de sustancia que le apliquen.

 

BENEFICIOS:

Al aplicar bajo uno de los servicios antes mencionados, la empresa con Licencia EMMA podrá gozar de una serie de incentivos fiscales, migratorios y laborales.

 

I. Fiscales:

Las empresas que obtengan una Licencia EMMA gozarán de manera automática, de las garantías establecidas en el artículo 10 de la Ley 54 de 1998 sobre Estabilidad Jurídica de las inversiones. Es decir, se mantienen por 10 años las tasas e impuestos establecidos al momento de la emisión de su licencia.

  • Las empresas poseedoras de una Licencia EMMA deberán pagar el impuesto sobre la renta en la República de Panamá sobre la renta neta gravable derivada de los servicios prestados a una tarifa del 5%. Deberán liquidar y pagar el impuesto sobre la renta por medio de la declaración jurada anual de rentas, y podrán incluir dentro de sus gastos deducibles los gastos incurridos en concepto de remuneraciones laborales de todos sus empleados, la cual procederá aun cuando el trabajador receptor del salario esté exento del impuesto sobre la renta.
  • También podrán aplicar como crédito del impuesto sobre la renta el importe que efectivamente hayan pagado por este concepto o análogo en extranjero, respecto de la renta gravable generada en la República de Panamá derivada de la prestación de servicios a no residentes, así como los importes retenidos por contribuyentes en la República de Panamá. Cuando aplique este crédito, la empresa deberá pagar, como mínimo, un 2% de la renta neta gravable generada en la República de Panamá.
  • Las personas jurídicas o naturales que realicen operaciones con partes relacionadas que son compañías EMMA quedarán sujetas al régimen de Precios de Transferencia conforme con lo establecido en el Código Fiscal.
  • Por tratarse de servicios de exportación, no causarán Impuesto de transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), siempre que se presten a personas que no generen renta gravable dentro de la República de Panamá.
  • Exención del pago de dividendo, del impuesto complementario y del impuesto a las sucursales, sin distinción de que sean de fuente local, extranjera o exenta.
  • No están sujetas al uso de equipos fiscales; no obstante, están obligadas a documentar sus actividades a través de facturas o documentos equivalentes que le permitan a la Dirección General de Ingresos el debido control, registro, contabilización y fiscalización de las transacciones realizadas.
  • No tendrán la obligación de obtener un Aviso de Operación para la prestación de los servicios establecidos en la Ley de EMMA.
  • Están exoneradas de todo impuesto, gravamen, tasa, o derecho de importación sobre todo tipo o clase de mercancía, productos, equipos y demás bienes en general incluyendo, pero sin limitar, maquinarias, materiales, envases, materias primas, insumos, suministros y repuestos que sean utilizados o requeridos para la ejecución de la prestación de servicios relacionados con manufactura. Estos no podrán ser vendidos, arrendados, dados en garantía ni rematados judicialmente, sin que paguen sobre ellos los impuestos, derechos, tasas que correspondan.
  • Los productos manufacturados, procesados, ensamblados o remanufacturados por la empresa establecidos en un área económica especial en el territorio nacional, zona libre, zona franca o un área de control y vigilancia aduanera podrán ser introducidos al territorio fiscal nacional por una empresa el Grupo Empresarial pagando los respectivos aranceles o impuestos aduaneros, solamente sobre el valor de las materias primas, y componentes extranjeros incorporados en el producto, tomando como base el arancel que corresponda a cada materia prima o componente incorporado en el producto final.

 

Incentivos fiscales para el Personal poseedor de una Visa Permanente o Temporal bajo EMMA:

  • Exención del Impuesto sobre la Renta, de las cuotas del seguro social y seguro educativo, de los salarios y otras remuneraciones laborales, en la medida que los salarios y remuneraciones sean pagados, asumidos y reconocidos como gasto de personal en la contabilidad de la empresa.
  • Exención del pago de los impuestos que por motivo de importación pudieran aplicarse por menaje de casa, cuando el trabajador se traslada por primera vez a la República de Panamá. Además, podrá solicitar a la Autoridad Nacional de Aduanas una franquicia arancelaria total y por una sola vez, cada dos años, para la importación de un vehículo automotor para uso personal o familiar.

 

II. Migratorios:

La Ley EMMA crea nuevas visas específicamente para trabajadores extranjeros que se contraten. Los tipos de visas son:

  • Visa de Personal Temporal de Empresa Multinacional para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura:

Estas visas serán otorgadas al extranjero que brinde servicios, a nivel operativo o de entrenamiento, a la Empresa Multinacional, por un término de dos años, prorrogables.

También se les otorga a los dependientes y en ningún caso podrá ser superior a la vigencia otorgada a la Visa de Personal Temporal Operativo de Empresas Multinacionales.

Una vez otorgada la Visa de Personal Temporal, se concederá en un solo trámite un permiso de trabajo que otorga el derecho a trabajar en la República de Panamá, mientras labore en la Empresa Multinacional con Licencia EMMA.

 

  • Visa de Personal Permanente de Empresa Multinacional:

Estas visas serán otorgadas al Personal extranjero mientras labore dentro de la empresa multinacional con Licencia EMMA. Las mismas tendrán la misma vigencia hasta por 5 años, prorrogables por igual plazo, salvo en aquellos casos en que el contrato de trabajo establezca un término menor.

También se les otorga a los dependientes y en ningún caso podrá ser superior a la vigencia otorgada a la Visa de Personal Permanente cuya solicitud ampara.

Los poseedores de esta visa no requerirán realizar trámite adicional u obtener permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar o residir en la República de Panamá.

 

  • Residencia Permanente de Personal de Empresas Multinacionales:

El personal extranjero que haya trabajado para cualquier Empresa Multinacional bajo Ley EMMA, podrá una vez transcurrido el término de 5 años contados a partir de la aprobación de la primera Visa de Personal Permanente EMMA, optar por una residencia Permanente.

El extranjero que obtenga la Residencia Permanente estará sujeto al pago del impuesto sobre la renta y de las cuotas del seguro social y seguro educativo, según le apliquen.

 

III. Laborales:

Aspectos laborales para el personal contratado con Licencia EMMA:

  • La empresa amparada con una Licencia EMMA podrá contratar trabajadores extranjeros de confianza para ocupar posiciones de gerentes de niveles altos y medios, así como personal temporal, que requiera para su operación.
  • Toda persona extranjera que tenga estatus de dependiente de trabajador extranjero bajo una Visa o Permiso de Residencia podrá trabajar en la República de Panamá, siempre que reúna las condiciones necesarias para tramitar un permiso de trabajo.
  • Los dependientes que obtengan un permiso de trabajo y laboren en la República de Panamá estarán sujetos al impuesto sobre la renta y a las contribuciones de seguridad social y seguro educativo por los salarios y demás remuneraciones recibidos.
  • Quién ostente una Visa de Personal Permanente o una Visa de Personal Temporal bajo EMMA no podrá dedicarse a actividades laborales distintas a las que realice en la empresa multinacional.
  • Todo trabajador que posee Visa de Personal Permanente o Temporal de Empresa EMMA será sujeto a las normas del Código de Trabajo, salvo por aquellas excepciones de la presente Ley.
  • Las empresas podrán suscribir contrato de trabajo en cualquiera forma establecida por el Código Laboral con trabajadores extranjeros en los términos de la presente Ley.
  • Las empresas amparadas con una Licencia EMMA deberán asegurar el intercambio de conocimientos y el entrenamiento de panameños que deseen aspirar a plazas de trabajo en estas empresas multinacionales.

 

Cancelación de Licencia y Efectos Fiscales:

La empresa que realice en el territorio nacional actividades diferentes a aquellas autorizadas por ley se le cancelará la licencia y será responsable de los impuestos dejados de pagar, con las multas, recargos, interesas y penalidades de acuerdo con el Código Fiscal.

Los trabajadores que entren a Panamá amparados por la Ley sin laborar efectivamente en la empresa multinacional serán sancionados con multa de hasta cinco mil dólares (US$5,000.00).

La empresa que no haga las comunicaciones que se establecen como obligaciones de la Ley o que incumplan con las demás disposiciones podrá ser sancionada con multa de hasta cien mil balboas ($100,000.00).

 

Establecimiento y Estabilidad Jurídica:

Las empresas gozarán de manera automática, desde el momento de su inscripción, de las garantías en temas de estabilidad jurídica de las inversiones. Es decir, desde el otorgamiento de la Licencia gozarán por 10 años de los beneficios fiscales, laborales migratorios y jurídicos.

 

La Ley 159 del 31 de agosto de 2020 comenzará a regir el 1 de diciembre de 2020.

Descargar Resumen de la Ley EMMA
Descargar la Ley EMMA

Francisco González-Ruiz recibe reconocimiento del Colegio Nacional de Abogados

Francisco González-Ruiz recibe la Medalla Eduardo Morgan

El pasado jueves, 27 de agosto de 2020, nuestro socio consejero Francisco González-Ruiz, recibió la medalla Eduardo Morgan, otorgada por el Colegio Nacional de Abogados, en reconocimiento a la destacada y notoria ejecución que lleva adelante como profesional del derecho.

El Lic. González-Ruiz, quien estuvo acompañado por sus familiares durante el acto, agradeció la entrega de este reconocimiento.

El Colegio Nacional de Abogados resaltó el esfuerzo que ha venido realizando el Lic. González-Ruiz por 45 años en beneficio del gremio y la nación.

Felicitamos a nuestro socio consejero por haber recibido esta importante distinción.

Galería de Imágenes del Acto de Entrega - Medalla Eduardo Morgan

Comunicado de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo

Comunicado de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, con respecto a publicaciones recientes relacionadas al Registro de Buques de Panamá.

 

La Asociación Panameña de Derecho Marítimo expresa su preocupación por las recientes publicaciones en los medios de comunicación y redes sociales que afectan la credibilidad, confianza y trayectoria de la República de Panamá, en particular del Registro Panameño de buques que actualmente ocupa el primer lugar en el mundo con el mayor número de naves registradas.

 

La Organización Marítima Internacional (OMI) es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de implementar medidas para la seguridad y protección de la navegación, así como prevenir la contaminación del mar por derrames de hidrocarburos provenientes de naves mercantes.

 

En este sentido, el Registro de Buques de Panamá es miembro de la Categoría A del Consejo de la OMI, y, a su vez, es signatario de las Convenciones y regulaciones internacionales y ente competente del seguimiento de inspecciones, de gente de mar, registro de buques, así como ente encargado de las responsabilidades de Estado Rector de puerto, estado de abanderamiento y estado ribereño. Adicionalmente, la República de Panamá es miembro de los Memorándums de entendimiento (MoU) más importantes, entes encargados de las inspecciones y verificaciones a nivel mundial.

 

Como gremio responsable, destacamos que el proceso de registro de buques de nuestro país cumple con todos los estándares internacionales señalados por la OMI y los Convenios Internacionales. Exhortamos a la Autoridad Marítima de Panamá a continuar con la modernización que permite hoy brindar una trazabilidad y visibilidad sobre los hechos motivo de las publicaciones infundadas recientemente circuladas.

 

Rechazamos categóricamente los señalamientos infundados y sin respaldo en contra del registro de naves panameño. Principalmente dado que, como gremio, interactuamos constantemente con las autoridades competentes de nuestro país formando parte fundamental del proceso de inscripción, registro y seguimiento de las embarcaciones que enarbolan la Bandera Panameña.

 

Instamos a seguir las fuentes oficiales de información con relación a cualquier suceso, incidente o hecho relacionado con el registro, evitando las noticias falsas y comentarios sin sustento que no generan soluciones.

 

Como Asociación estamos siempre en disposición de continuar con el apoyo al cumplimiento efectivo de las normas y regulaciones internacionales enmarcadas en la legislación panameña.

 

Como gremio somos testigos de que se aplican las medidas requeridas para la investigación de accidentes en base a los convenios y normas internacionales en la materia, e instamos a la Autoridad Marítima de Panamá a continuar manteniendo comunicación constante con los organismos rectores, los usuarios del Registro y el público, no sólo sobre el accidente de la MN Wakashio, sino en general.

Descargue el Comunicado original

Webinar: Impacto de las Relaciones Laborales ante la Nueva Normalidad Económica

Webinar de Actualidad Laboral 

 

El pasado 12 de agosto de 2020 nuestro socio Javier José Vallarino presentó el Webinar: El Impacto de las Relaciones Laborales ante la Nueva Normalidad Económica, organizado por SISPO – Sistema de Planilla Online y Achurra, Navarro & Asociados.

 

Durante el seminario, el Lic. Vallarino informó a los participantes sobre las principales novedades en cuanto a las normas laborales en tiempos de pandemia.

 

Los temas tratados fueron los siguientes:

  1. Manejo de la reducción de la jornada laboral y la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo.
  2. Ley 157 del 3 de agosto de 2020 que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por COVID-19 y otra disposición.
  3. Buenas prácticas en el manejo de las Relaciones Laborales.

Visualiza la grabación a continuación:

Webinar: Las Marcas como Herramienta de Apoyo en el Desarrollo de la Industria Creativa

Las Marcas como Herramienta de Apoyo en el Desarrollo de la Industria Creativa

 

Gabriela Tejada de BrittonEl pasado 11 de agosto de 2020 nuestra socia Gabriela Tejada de Britton, quien actualmente funge como presidenta de la Asociación Panameña de Derecho de la Propiedad Intelectual (APADEPI), participó como panelista en el Webinar: Las Marcas como herramienta de apoyo en el desarrollo de la industria creativa.

 

El seminario web, que contó con la moderación de la Directora de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de Panamá, Maru Gálvez, y la participación de varios abogados especializados en Propiedad Intelectual, tuvo como objetivo recalcar el rápido desarrollo de las industrias creativas en nuestro país y la importancia del uso de marcas en las mismas, para lograr un mayor desarrollo económico.

 

Organizado por:

  • PANAIE: Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes
  • PRODUCE: Sociedad Panameña de Productores Fonográficos
  • SPAC: Sociedad Panameña de Autores y Compositores
  • SEA Panamá: Asociación de Editores y Autores de Panamá
  • EGEDA Panamá: Entidad de Gestión Colectiva de los Derechos de los Productores Audiovisuales
  • APADEPI: Asociación Panameña de Derecho de la Propiedad Intelectual
  • ASDAP: Asociación de Derechos Audiovisuales de Panamá

Visualiza la grabación a continuación:

Ley 157 del 3 de agosto de 2020

Que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID-19.

 

A continuación resaltamos los puntos principales:

  • La Ley aplica exclusivamente a las empresas que cerraron, total o parcialmente sus operaciones, desde el inicio del estado de emergencia nacional y a trabajadores cuyos contratos hayan sido suspendidos mediante autorización tácita o expresa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en este periodo.
  • Las suspensiones de los contratos de los trabajadores podrán ser prorrogadas, mes a mes, hasta el 31 de diciembre.
  • El empleador podrá reiniciar su actividad económica progresivamente y reintegrar de forma gradual a los trabajadores con contratos suspendidos.
  • Se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores, en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido. Solo se permitirá la contratación de nuevos trabajadores si las empresas requieren nuevos puestos de trabajo.
  • El reintegro gradual de trabajadores con contratos de trabajo suspendidos no podrá ser utilizado como medida de represalia o discriminación por razones sindicales, de raza, sexo, religión, salud, discapacidad o de cualquier otro tipo, en perjuicio de los trabajadores.  El empleador al que se le compruebe ante las autoridades administrativas de trabajo que ha incurrido en esta prohibición será sancionado con multas que oscilan entre $500.00 a $1,000 por cada trabajador discriminado.
  • El empleador que ha reactivado sus operaciones podrá establecer turnos de trabajo distintos a los vigentes en la empresa, informando a los trabajadores de dichos cambios con 48 horas de anticipación.
  • Los trabajadores que no reciban la segunda partida del Décimo Tercer Mes, debido a la suspensión de sus contratos de trabajo, tendrán derecho a un bono cuyo monto será determinado por el Órgano Ejecutivo y pagado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Para terminaciones por mutuo acuerdo, el empleador entregará al trabajador una propuesta escrita a la cual deberá responder en dos días hábiles. En caso de que se firme el mutuo acuerdo sin que hayan transcurrido el plazo establecido, el trabajador podrá demandar la nulidad del acuerdo ante los juzgados seccionales de trabajo y solicitar su reintegro.
  • La terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, despido o por decisión unilateral del empleador, dentro de los tres meses siguientes al reintegro del trabajador suspendido, obliga a la cancelación inmediata, en un solo pago, del total de las prestaciones a las que tiene derecho.
  •  El cálculo de la prima de antigüedad e indemnización para los trabajadores a los que se les haya suspendido su contrato o para los trabajadores con jornada de trabajo reducida, se calculará con los salarios percibidos durante los seis meses anteriores o el último salario mensual, antes de la declaratoria del estado de emergencia nacional, según sea más favorable al trabajador.
  •  Se suspende el cómputo del tiempo correspondiente al fuero de maternidad durante el periodo de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, cuando sea por causas de fuerza mayor, o incapacidad económica para la prosecución de las actividades. El tiempo restante del fuero se reactivará tan pronto se reintegre la trabajadora.

 

Para consultas sobre estas nuevas disposiciones, contáctenos a igranet@icazalaw.com.

 

Vea el listado completo de Normativas COVID-19 establecidas por el Gobierno de Panamá en el siguiente enlace: Normativas COVID-19.

Descargue la Ley 157

Resolución No. DM-198-2020 del 10 de julio de 2020

Que convierte en norma de carácter obligatorio acuerdos de la Mesa Tripartita de Diálogo para la Economía y el Desarrollo Laboral en materia de retorno gradual sanitario y laboral, y dicta otras disposiciones.

 

1. Constitución del Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19

Constituir el Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19, a más tardar en una semana desde la reapertura de las empresas. Las empresas tendrán una semana adicional para completar los registros en la plataforma de Panamá Digital de los protocolos y demás documentos requeridos.

 

2. Composición del Comité

En el Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19 participará al menos un representante de cada uno de los sindicatos existentes en la empresa. En los casos en que la cantidad de sindicatos, existentes en la empresa, supere la cantidad de puestos de representación de trabajadores en el Comité, se aumentará la cantidad de puestos en éste.

 

3. Constitución del Comité en Empresas que nunca cerraron

En las empresas que no hubieran paralizado sus actividades por haber sido consideradas como sector esencial, se deberá concretar la existencia del Comité o su registro, de inmediato, con el respectivo protocolo de bioseguridad completo.

 

4. Equidad de Género en Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19

El Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19 debe preservar la participación de las mujeres en dicho comité, en la representación de los trabajadores y del empleador.

 

5. Solución de Conflictos en el Comité de Salud

Los métodos para el tratamiento y la resolución de conflictos y el cumplimiento de los acuerdos, deben ser definidos por el mismo Comité, atendiendo la naturaleza de cada empresa.

 

6. Capacitación para uso de Equipos de Protección Personal

Las empresas son responsables de la capacitación de los trabajadores sobre el uso del equipo de protección personal. En caso de que sea necesario, la empresa podrá contactar a las entidades gubernamentales, para realizar dicha capacitación.

 

7. Lavado de Manos

El Comité será el responsable de inculcar en los trabajadores, el lavado frecuente de manos como una práctica diaria, las veces que sea necesario.

 

8. Desinfección en Áreas de Uso no Frecuente

El Comité evaluará y determinará periódicamente cuáles son las áreas de la empresa de uso no frecuente y establecerá la cantidad de ocasiones necesarias de limpieza y desinfección, según se requiera.

 

9. Distanciamiento Físico

Se deben establecer horarios especiales y restricción del número de personas en cada empresa, de manera tal que se resguarde un distanciamiento físico de al menos dos metros. Cuando de manera excepcional no se pueda garantizar el distanciamiento físico de dos metros, se deben aplicar otros controles, mediante un análisis de procesos y análisis de riesgos, ajustándose a la jerarquía de controles, reforzando el uso de equipos de protección personal, capacitación y vigilancia, verificados por el Comité y sustentado en los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud.

 

10. Uso de Mascarillas

La mascarilla se utilizarán por la duración del turno laboral y el empleador debe proporcionarlas. Si es una mascarilla desechable, debe proporcionarse por lo menos una por turno a cada trabajador y debe haber otra disponible en caso de que esta se deteriore. Para tapabocas lavables de tela, debe proporcionarse a los trabajadores por lo menos dos. El empleador es responsable por la capacitación en la forma adecuada del uso y desecho de mascarillas.

 

11. Toma de temperatura y monitoreo de síntomas

La medición de la temperatura corporal se debe hacer en distintos filtrados y no en ubicaciones fijas, en cada empresa. De igual forma, se deben monitorear los síntomas de los trabajadores, clientes, y proveedores, a fin de aplicar los protocolos correspondientes en caso de que sea necesario.

 

12. Equipos de limpieza y desinfección

El Comité debe garantizar la constitución de equipos de limpieza o personas dentro de la empresa, para desinfectar las áreas más expuesta a COVID-19. Estos equipos pueden estar constituidos por personal de la empresa o por empresas contratadas, especializadas y debidamente registradas. Los trabajadores que conforman los equipos de limpieza deben estar debidamente capacitados por la empresa.

 

13. Término para realizar la inspección en las empresas

Se establece en dos meses el tiempo mínimo para que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social, realicen la inspección de verificación de existencia de los Comités, protocolos y guías sanitarias en las empresas.

 

Para asistencia con el proceso de reapertura de su empresa, contáctenos a igranet@icazalaw.com.

 

Vea el listado completo de Normativas COVID-19 establecidas por el Gobierno de Panamá en el siguiente enlace: Normativas COVID-19.

Descargue la Resolución No. DM-198-2020 del 10 de JULIO de 2020

Estado de Urgencia o Estado de Emergencia

Por Carlos E. Villalobos Jaén – Asociado

 

La Constitución señala en el artículo 55 lo siguiente:

 

“ARTICULO 55. En caso de guerra exterior de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución.

 

El Estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el Órgano Ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El Órgano Legislativo, por derecho propio o a instancia del Presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y confirmar o revocar, total o parcialmente, las decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia.

 

Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el Órgano Legislativo, si estuviese reunido, o, si no lo estuviera, el Consejo de Gabinete levantará el estado de urgencia”.

 

La Resolución de Gabinete N°11 del 13 de marzo de 2020, titulada: “QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, en ella se, decreta el estado de “emergencia”, y luego sigue, señalando que “para permitir compras hasta de 50 millones de dólares…”etc.

 

URGENCIA, viene de urgir, de acuerdo con el D.R.A.E., y así lo define:

“URGIR.

  1. tr. Pedir o exigir algo con urgencia o apremio. Los vecinos urgían la construcción de un parque.
  2. tr. Conducir o empujar a alguien a una rápida actuación. El director la urgió a terminar el informe.
  3. intr. Dicho de una cosa: Instar o precisar a su pronta ejecución o remedio.
  4. intr. Dicho de la ley o de un precepto: Obligar con apremio.”

 

Por otro lado EMERGENCIA tiene la siguiente definición:

“Emergencia:

Der. del lat. emergens, -entis ’emergente’.

  1. f. Acción y efecto de emerger.
  2. f. Suceso, accidente que sobreviene.
  3. f. Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.
  4. f. Guat., P. Rico, R. Dom. y Ven. urgencias( sección de los hospitales).

de emergencia

  1. loc.adj. Que se lleva a cabo o sirve para salir de una situación de apuro o peligro.estado de emergencia

 

El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, señala que:

URGENCIA: ES Necesidad apremiante, despacho inaplazable, obligación actual de cumplir una ley, orden o precepto.

EMERGENCIA: En correcto castellano, esta voz significa ocurrencia o accidente; y el hecho de brotar o salir del agua; sin embargo por anglicismo evidente, el vocablo ha adquirido acepción jurídica para el Derecho Político; y por eso se denomina a veces estado de emergencia a la situación de intranquilidad pública, que debe calificarse, según los casos , de estado de alarma o estado de sitio. También se habla de medidas de emergencia para referirse a las disposiciones provisionales en casos de necesidad, urgencia o excepción.

 

El concepto jurídico de EMERGENCIA, que da Cabanellas, se acerca mucho al supuesto de hecho que, de URGENCIA, dice el artículo 55 de la Constitución.

 

Pregunta. ¿El estado de “EMERGENCIA” decretado en la resolución de gabinete, es lo mismo que el estado de “URGENCIA” de que trata la Constitución?  ¿O queda a cada quien interpretarlo a conveniencia?; especialmente el Organo Ejecutivo determinar, a su libre albedrío, que es “EMERGENCIA”.

 

El concepto de “EMERGENCIA”, que es utilizado solo una vez en la Constitución Nacional de la República de Panamá, sin establecer que implica dicho concepto, nos obliga a descubrir que definición le da la Ley; de otro modo debemos aplicar su definición natural (artículo 10 del Código Civil).  Siendo el concepto técnico (artículo 11 del Código Civil), entre otros, el que da Cabanellas:

“EMERGENCIA: En correcto castellano, esta voz significa ocurrencia o accidente; y el hecho de brotar o salir del agua; sin embargo por anglicismo evidente, el vocablo ha adquirido acepción jurídica para el Derecho Político; y por eso se denomina a veces estado de emergencia a la situación de intranquilidad pública, que debe calificarse, según los casos, de estado de alarma o estado de sitio. También se habla de medidas de emergencia para referirse a las disposiciones provisionales en casos de necesidad, urgencia o excepción.

 

El artículo 10 del Código Civil señala lo siguiente:

“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estos casos su significado legal.”

 

La Constitución Nacional de Panamá, utiliza la palabra “EMERGENCIA”, en el siguiente artículo:

ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:

8.Ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia así declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo.

 

Es decir a la Asamblea le está prohibido ordenar o autorizar partidas y programas distintos a los incluidos en el Presupuesto General, SALVO aquellos casos de “EMERGENCIA” declarados “EXPRESAMENTE” por el Organo Ejecutivo.

 

Luego entonces que debemos entender, ¿que esos gastos de “EMERGENCIA” declarados por el Órgano Ejecutivo, deben ser autorizados u ordenados por la Asamblea? Atendiendo la prohibición contenida en el artículo 163.

 

Por otro lado, ¿cuales son esos casos de “EMERGENCIA” que pueden ser declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo? Expresamente, es lo expreso, claro patente y especificado (DRAE). Siendo ello así, y al estar sometido los servidores públicos al principio de solo poder hacer lo que les ordena la Ley; ¿donde aparecen detalladas “expresamente”, esos “CASOS DE EMERGENCIA” que la Constitución le permite declarar de tal forma al Órgano Ejecutivo? O ¿eso está a la libre discreción de dicho Órgano?.

 

De cualquier forma la Constitución Nacional de Panamá no establece ninguna definición respecto a que ha de entenderse como “CASOS DE EMERGENCIA”, según señala el artículo 163.

 

Respecto al concepto de “URGENCIA” la Constitución Nacional de la República de Panamá, lo utiliza 7 veces, entre ellas en el artículo 55 y en el siguiente artículo:

ARTICULO 161. Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional:

11. Aprobar, reformar o derogar el decreto de estado de urgencia y la suspensión de las garantías constitucionales, conforme a lo dispuesto en esta Constitución.”

 

Lo curioso es que el concepto “URGENCIA” si parece estar definido constitucionalmente, por  lo menos en cuanto a establecer, en qué casos debe entenderse que existe “ESTADO DE URGENCIA”, al señalarlo así el artículo 55 de la Constitución cuando expresa que: “En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República”.

 

Como indicamos antes, esta definición constitucional de “URGENCIA”, se acerca mucho al concepto doctrinal, que da el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, de “EMERGENCIA”.

 

El Código Judicial utiliza en su articulado el concepto de “URGENCIA” no “EMERGENCIA”, y entre las normas que lo contienen está el artículo 1927, al referirse a la Expropiación en Casos de Urgencia, cuyo texto expreso es el siguiente:

Artículo 1927. En los casos de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente que exigen medidas rápidas de conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política, se seguirán las reglas que se detallan en los siguientes artículos”.

 

El Código Judicial, toma de la Constitución la definición constitucional, que de “URGENCIA”, da el artículo 51 (antes 47) de la Constitución Nacional. El artículo contiene el siguiente texto:

“ARTICULO 51. En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada.

Cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será sólo por el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado.

El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación”.

 

En este caso, igualmente se habla de “interés social URGENTE” y no de interés social de EMERGENCIA”.  Allí se equiparan lo urgente, con el caso de guerra, y el de grave perturbación del orden público.  Según el artículo 51 las medidas de “URGENCIA” que puede tomar el ejecutivo son, la de decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada. Ninguna más.

 

Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose al concepto de “URGENCIA” y no de “EMERGENCIA”, esto en cuanto  a los casos de expropiación exclusivamente:

En el caso de la expropiación de urgencia o extraordinaria, como la propia palabra lo dice, la medida es adoptada urgente y unilateralmente por el Ejecutivo quien ocupa el bien de inmediato, invocando para ello motivos de guerra, grave perturbación del orden público o interés social urgente; sólo después de que ha cesado el motivo determinante de la expropiación, procede a indemnizar al titular del bien por los daños y perjuicios causados, en base al monto que determine el juez competente. Para ello debe cumplir con el trámite previsto en los artículos 1951 a 1955 del Código Judicial, es decir, promover el proceso ante el Juez competente, quien ordenará las pruebas que falten, procederá al avalúo del bien y luego resolverá -conforme al artículo 1952- “dentro de los dos días siguientes, sobre la expropiación, sin oir al demandado”. Es en éste último punto donde el proceso previsto en el Capítulo II del Título XVI, Parte II del Libro II del Código Judicial vulnera la Constitución.

 

El artículo 47 de nuestra Carta Fundamental señala claramente que es el Ejecutivo quien, con carácter de urgencia, decreta la expropiación del bien en caso de guerra, grave perturbación del orden público e interés social urgente y sólo después que hayan cesado dichos motivos, es decir, cuando haya desaparecido la urgencia, se hará responsable por los daños y perjuicios así causados. Ello significa que, cuando el Estado promueve ante el Juez el proceso, la urgencia ha desaparecido y no hay razón para que éste resuelva “dentro de los dos días siguientes” y mucho menos “sobre la expropiación,” que ya se ha decretado y verificado por el Ejecutivo. Peor aún, decide “sin oir al demandado”, negándole así la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y violándose el contradictorio sin razón alguna. (DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN SU PROPIO NOMBRE POR EL LICDO. DIENER VINDA, CONTRA LA FRASE “SIN OIR AL DEMANDADO” CONTENIDA EN EL ARTICULO 1952 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.”

 

Veamos un concepto de emergencia dado en la Ley, específicamente la numero 120 del 19 de diciembre de 2019, que crea el Sistema Nacional de Emergencias, Nueve uno-uno (9-1-1) y modifica la Ley 44 de 2007, relativa a SUME y dicta otras disposiciones.  El artículo 2 de dicha Ley establece lo siguiente:

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:

  1. Emergencia. Toda circunstancia que pueda comprometer la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, los bienes y el ambiente y que exija un auxilio inmediato de una de las instituciones que integran el sistema regido por la presente Ley o la coordinación conjunta de ellas”

Esta definición, como dice la norma, aplica a los efectos de dicha ley, la 120, y no otros supuestos consagrados en otras normativas, de cualquier forma hay que atenernos a la fórmula de interpretación establecida en los artículos 10, 11, 12 y 13 del Código Civil. Por lo que estimamos que esta definición es restrictiva al área que regula.

 

Valdría suponer que los casos de emergencia a los que se refiere el artículo 163 de la Constitución Nacional, ¿son a los que se refiere el artículo 2 de la Ley del “911”? En esos supuestos del “911” tampoco quedan enmarcados los presupuestos indicados en la Ley de Contratación Pública o ¿sí?

 

La Ley  22 de 2006 sobre  Contratación  Pública, establece en el artículo 79 lo siguiente:

Artículo 79. Procedimiento especial de adquisiciones de emergencia. Cuando el Consejo de Gabinete DECLARE EMERGENCIA, las entidades estatales podrán contratar la adquisición de bienes, servicios u obras a través del procedimiento especial.

La resolución de gabinete que declare el ESTADO DE EMERGENCIA y autorice la contratación mediante el procedimiento especial de adquisiciones deberá indicar la suma total autorizada para contrataciones especiales y el periodo dentro del cual esas contrataciones podrán hacerse.

El procedimiento especial  de adquisiciones de emergencia podrá utilizarse hasta alcanzar en conjunto la suma autorizada y dentro del plazo señalado.

En los CASOS DE EMERGENCIA en los que sea necesaria la adquisición de agua y alimentos destinados para el consumo inmediato, no se exigirá la presentación de fianza; sin embargo el contratista a través del contrato debe garantizar a la entidad contratante su obligación de responder por los vicios de los bienes adquiridos. Igualmente, el contrato deberá establecer que el pago del contratista se hará con posterioridad a la ejecución del objeto del contrato.

Si se requieran bienes que no pueden ser suministrados en el mercado local, las entidades quedan facultadas para adquirirlos a empresas o nacionales, aunque con la obligación de estas de registrarse a posteriori en el Registro de Proponente del Sistema electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá Compra”.

Una vez concluido el término señalado en la resolución de gabinete que DECLARÓ LA EMERGENCIA, las entidades contratantes presentaran al Consejo de Gabinete un informe detallado de las concesiones realizadas. Dicho informe será publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá compra”, a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la presentación en el Consejo de Gabinete.

Si no se consumieron o utilizaron todos de los bienes adquiridos, los remanentes deberán ser puestos a disposición del Sistema Nacional de Protección Civil del Ministerio de Gobierno o de la Dirección  de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia.

Las entidades deberán consultar el Catalogo Electrónico de Productos y Servicios antes de acogerse a este procedimiento especial y verificar si los productos o servicios requeridos para atender la emergencia están o no incluidos en dicho catálogo.”

 

Lo interesante de esta norma es que señala que, cuando el ejecutivo “DECLARE EMERGENCIA”, ¿pero cual emergencia? ¿De la que trata el artículo 163 de la Constitución Nacional, sin definir que es EMERGENCIA?  Entonces solo bastaría que el Órgano Ejecutivo decretara o declarara “EMERGENCIA”, para proceder a establecer contrataciones “especiales” de cincuenta millones (US$ 50,000,000.00), ¿o más si se le antoja?

 

No me refiero a la facultad del ejecutivo de declarar “CASOS DE EMERGENCIA”, según parece permitirlo la Constitución, exclusivamente para lo dispuesto en el artículo 163 del ordinal 8, con la vigilancia de la Asamblea Nacional, me parece, sino a cuales supuestos debemos entender como “CASOS DE EMERGENCIA”, diferentes a los de “URGENCIA”, que la Constitución si establece en que supuestos debe darse.

 

De acuerdo al artículo 200 de la Constitución Política de la República de Panamá, compete al Consejo de Gabinete decretar el “Estado de Urgencia” no de “emergencia”. Así lo señala expresamente:

“ARTICULO 200. Son funciones del Consejo de Gabinete:

5. Decretar, bajo la responsabilidad colectiva de todos sus miembros, el estado de urgencia y la suspensión de las normas constitucionales pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de esta Constitución.”

 

Bien puede entonces el Consejo de Gabinete declarar el estado de “urgencia”, atendiendo lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución. Dicha norma no dice “emergencia”, concepto que si utiliza el 163 de la Carta Magna, de forma indefinida constitucionalmente.

 

No creo que “ESTADO DE EMERGENCIA” o “CASOS DE EMERGENCIA”, concepto cuya definición no se encuentra en la Constitución Nacional, ni está claramente definido en la Ley, pueda quedar al arbitrio del Organo Ejecutivo su determinación, pues desde su exclusivo punto de vista, todo puede ser una emergencia.

 

Traigo como referencia, como suma del anterior análisis, lo señalado por el Doctor Cesar Quintero en su Libro Derecho Constitucional (pag 585), refiriéndose al ordinal 8 del artículo 121 de la Constitución de 1946. Así se expresaba el Doctor Quintero:

“7. Ordinal 8° (Ordenar Obras Públicas)- El ordinal 8° del artículo 121 prohíbe a la Asamblea

“Ordenar y autorizar otras obras públicas que las decretadas en la Ley a que se refiere el ordinal 16 del artículo 118, salvo casos de emergencia así declarados expresamente por la Asamblea”.

El aludido ordinal 16 del artículo 118 es el que señalaba a la Asamblea la función de aprobar, con o sin modificaciones el proyecto de ley sobre obras públicas que le presente el Ejecutivo.  Y el ordinal 5° del 144 dispone que el ejecutivo envíe a la Asamblea, dentro de los primeros diez días de sus sesiones, el plan de obras públicas, para el año fiscal siguiente.

Todo indica que según esta prohibición, la Asamblea no puede ordenar o autorizar obras públicas por su propia cuenta. Debe ceñirse al plan de obras públicas que cada año le presente el Ejecutivo.

La prohibición está bien inspirada y se justifica plenamente. La iniciativa en esta materia la tiene y debe tenerla el Ejecutivo. En el Estado moderno la construcción de cualquier obra pública debe obedecer a una planificación racional e integral. Y toda planificación de esta naturaleza se vendría abajo si los diputados pudieran proponer a su antojo y la Asamblea autorizar, la construcción de obras públicas sin orden ni concierto alguno.

Sin embargo la eficacia de esta prohibición queda muy disminuida con la salvedad que contienen. Basta así que la Asamblea declare que la construcción de una obra cualquiera es caso de “emergencia”, para que pueda ordenarla o autorizarla. De esta manera se desvirtúa y malogra el plan de obras públicas. El Diputado interesado en que se haga una capilla o un cuartel en un distrito que a él le conviene, solo tiene que conseguir- a cambio de reciprocidad- que sus colegas declaren caso de emergencia la correspondiente construcción. Si el término clave se entendiera e interpretara en un sentido estricto, la Asamblea es el Organo menos indicado para actuar ante los verdaderos casos de emergencia. Para hacer frente a estos el órgano más apto es el Ejecutivo. Y si las delegaciones de funciones a este tienen alguna justificación es precisamente debido a los llamados casos de emergencia.”

 

Leído lo expuesto por el Dr. Quintero, y si la crítica que él hace a la Asamblea para ese entonces (Edición del libro año 1967) es válida, no es posible permitirnos, para nuestros tiempos, sometidos a esta crisis institucional, dudar de que sea solo el Organo Ejecutivo, quien determine cuáles son los “CASOS DE EMERGENCIA”, concepto no definido en la Constitución Nacional.

 

Esto es un asunto de confiar o no en nuestras autoridades.  Una cosa es querer hacer algo, y otra es si puedes y debes hacerlo.

 

Dice el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá:

“ARTICULO 18. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas”.

 

Es innegable que “urge” una solución para la “emergencia” del COVID, la pregunta es quien controla los gastos para la solución, ¿el Organo Ejecutivo exclusivamente, con la sola expresión de “EMERGENCIA”?

Branding Ideas Design Identitiy Marketing Concept

Consideraciones antes de crear tu marca

Fernando González- Ruiz M.Por Fernando González-Ruiz – Asociado

 

En tiempos complicados como los que estamos viviendo a raíz de una pandemia mundial, los países han adoptado diversas medidas preventivas para la seguridad de su población, encontrándose entre estas la del confinamiento total, que brinda a las personas la disponibilidad de mucho tiempo libre, lo que ha acarreado, como consecuencia positiva, un incremento en la creación y desarrollo de nuevos proyectos.

 

Los primeros pensamientos que surgen al iniciar el desarrollo de un proyecto son ¿cuál será el nombre de mi marca? y ¿cómo lucirá mi identidad? Es en ese momento cuando inicia el proceso creativo, con una lluvia de ideas para la selección del nombre, basadas en distintos criterios, referentes al producto o categoría, a un recuerdo o significado especial, a un juego de palabras o sencillamente al sobrenombre propio o de un familiar.

 

Después de interminables horas de trabajo en el desarrollo de este nuevo proyecto, obtienes como resultado el nombre de la marca, que viene siendo la palabra mágica de tu producto o servicio con la que serás identificado, por lo tanto, deberá ser fácil de pronunciar, de leer y de recordar para que esta sea efectiva.

 

Sin embargo, durante este proceso de selección del nombre, es imprescindible considerar algunos puntos para crear una marca fuerte; el mismo debe ser único, para que pueda sobresalir en el mercado y potente, para que pueda prevalecer en la mente de los consumidores.

 

Al prescindir de una asesoría o de una investigación previa, existe la posibilidad de crear una marca débil, al utilizar términos genéricos, con similitudes o idéntica a una marca ya existente con un posicionamiento local o internacional o que incumpla con las prohibiciones establecidas en la ley de Propiedad Industrial.

 

Esta nueva marca, entonces, tiene el riesgo de ser rechazada por la oficina de registro de marcas de Panamá o de otros países o, al no tener ese conocimiento previo, se decide iniciar el uso de la misma, con la consecuente generación de problemas legales indeseados al inicio de un negocio.

 

El nombre de la marca es uno de los activos más importantes que tiene toda empresa o negocio, por este motivo, antes de iniciar el desarrollo de tu marca, debes considerar varios puntos:

  • Confirmar que la marca no posee similitudes (en el aspecto ortográfico, visual o conceptual) a una marca que ya se encuentre registrada y/o usada.
  • No utilizar reproducciones o imitaciones de escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización nacional o internacional, sin la debida autorización.
  • Evitar el uso de marcas que contengan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades del producto o servicio y puedan engañar al público consumidor.
  • No utilizar diseños de monedas, billetes, sellos de garantía o de control que utilice el Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general.
  • No utilizar como base del diseño de la marca, referencias a monumentos o sitios históricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con autorización para su uso no exclusivo expedida por la entidad gubernamental correspondiente.
  • Evitar el enfoque de la marca en letras, números o colores aislados, a menos, que estén combinados, constituidos o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo.

 

Estos son solo algunos puntos a tener en consideración antes de proceder con el desarrollo conceptual de una marca, por lo que es recomendable buscar una asesoría profesional y realizar una búsqueda del nombre y/o diseño y asegurar que crearás una marca realmente original y fuerte.

Normativas COVID-19: Ley 156 del 30 de junio de 2020

Que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá

 

Artículo 1. Los beneficios establecidos en la presente Ley solo serán aplicables a las personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo.

Las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial no podrán acogerse a la presente Ley.

 

Artículo 2. Se establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre de 2020, para las personas naturales y jurídicas afectadas económicamente debido al estado de emergencia nacional con motivo del COVID-19. Esta moratoria también es extensiva a los préstamos otorgados por cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas:

  1. Préstamos hipotecarios residenciales
  2. Préstamos personales
  3. Préstamos de auto
  4. Tarjetas de crédito
  5. Préstamos a la pequeña y mediana empresa
  6. Préstamos comerciales
  7. Préstamos al sector transporte
  8. Préstamos al sector agropecuario
  9. Créditos de consumo

Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de los compromisos señalados, la presentación de declaración jurada en papel simple o ante notario público, para las personas naturales, jurídicas e independientes en la que hagan constar la afectación de sus ingresos, o carta de despido, suspensión de contrato de trabajo o disminución de la jornada de trabajo, para los empleados del sector público o privado.

 

Artículo 3. Una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente Ley, los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda retomar, a través de refinanciamiento o prorrateo de compromisos, sin que ello conlleve el cobro de recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos. ni afectación en su referencia de crédito.

 

Artículo 4. El monto del bono solidario que recibirán los trabajadores formales a los cuales se les ha suspendido provisionalmente su contrato laboral o han sido cesados de su relación formal, o los trabajadores informales que se han visto afectados por la crisis causada por la pandemia del COVID-19, será determinado por el Órgano Ejecutivo.

 

Artículo 5. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá adoptar medidas con los prestadores de servicios públicos para que a las radioemisoras nacionales, dentro de la declaratoria de la emergencia sanitaria nacional, en cumplimiento de su función social de informar a la poblaci6n, se les pueda otorgar una moratoria del pago por noventa días prorrogables.

Una vez levantada la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, los pagos suspendidos a las radioemisoras serán diluidos en el término de dos años.

Las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán cobrar cargos adicionales a las radioemisoras nacionales, ni cortar el servicio que les prestan, por la deuda que se declare en mora.

 

Artículo 6. Las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros, aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos incluidos en el artículo 2, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020. La Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e Industrias y demás autoridades competentes estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento y aplicarán las sanciones establecidas.

Esto aplicará a todos los trabajadores a quienes se les haya reducido su jornada laboral con disminución de su salario, suspendido o cesado su contrato laboral, así como a las personas naturales, jurídicas o independientes que hayan reducido o cerrado operaciones, producto de la pandemia del COVID-19.

 

Artículo 7. Durante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y hasta sesenta días después de que esta se levante, no se verán afectados los historiales de crédito de las personas, las cuales están registrados por la Asociación Panameña de Crédito.

 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentara esta Ley.

 

Artículo 9. La presente Ley es de orden público y de interés social, y tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de marzo de 2020.

 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

 

Para consultas sobre estas medidas económicas, contáctenos a igranet@icazalaw.com.

 

Vea el listado completo de Normativas COVID-19 establecidas por el Gobierno de Panamá en el siguiente enlace: Normativas COVID-19.

Descargar la Ley 156

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